No es necesario ser jurista para, a través de la lógica y el sentido común, entender que las excepcionalidades que plagan el proceso penal español -especialmente el entramado legal creado ad hoc para los militantes vascos, como por ejemplo la legislación antiterrorista- tienen como objetivo establecer un sistema de impunidad que garantice el castigo a la disidencia. A eso se deben referir cuando dicen que el sistema penal español es «garantista»: a que está diseñado para garantizar el castigo frente a los derechos. En ese sistema, los garantes no son los jueces, sino la Policía, las policías, un poder fáctico autónomo que lo mismo cumple órdenes que cocina las pruebas y tesis que darán pie a esas órdenes. La doctrina de «todo el ETA» y la impunidad que tiene la tortura en el Estado español son claros exponentes de ese poder. Pensar que, tras treinta años de experiencia represiva, ese proceder policial no está estructurado y optimizado sólo puede ser consecuencia bien de una inocencia pueril, bien de un cinismo cruel.

Algunos de los abogados penalistas más respetados de Euskal Herria denunciaron ayer que, según se desprende del documento policial que relata el procedimiento establecido para una detención contra militantes vascos, la incomunicación se utiliza para lograr declaraciones autoinculpatorias. El dossier muestra cómo el trato que soportarán los arrestados se preestablece en base a objetivos operativos, constata la existencia de interrogatorios ilegales y que son equipos de agentes especializados en esa labor quienes los llevan a cabo. Todo ello al margen de toda tutela judicial. La cadena de mando establece también de manera ineludible una cadena de responsabilidades. La primera es de los agentes y los mandos que ejecutan sistemáticamente ese protocolo. Existe otra gran responsabilidad, que recae sobre los jueces que lo posibilitan. Y, por último, está la responsabilidad política. En definitiva, el dossier muestra un sistema engrasado pero, al menos formalmente, ilegal.