Reconocidos abogados vascos como Miguel Castells, Iñigo Iruin, Jone Goirizelaia y, entre otros, Álvaro Reizabal, concluyen que el dossier de la Guardia Civil conocido esta semana acredita que durante la incomunicación existen «zonas francas de legalidad»; «espacios policiales autónomos con ausencia de un control judicial material real y efectivo», sentenció la letrada Ainhoa Baglietto.

Los abogados, que comparecieron en la rueda de prensa celebrada ayer en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa, consideran que el documento hallado tras uno de los registros en el operativo del pasado abril contra abogados, allegados y ex presos, y que la Guardia Civil ha confirmado su existencia, pone de manifiesto una «doble ilegalidad»; hecho que fue calificado por Baglietto como «escalofriante».

Por un lado, los juristas entienden que el escrito «constata la práctica de interrogatorios ilegales en el transcurso de la incomunicación», y que, a su vez, demuestra la existencia de equipos de interrogatorios para los mismos. El dossier policial ratifica asimismo que el tratamiento que reciben los detenidos tiene una finalidad fijada de antemano. En términos literales, el documento hallado apunta que este trato debe perseguir «obtener manifestaciones que ratifiquen las imputaciones judiciales que existen».

Ausencia de control judicial

En la misma comparecencia, los conocidos letrados trajeron a colación la sentencia del caso ``Egunkaria'', donde la Audiencia Nacional española reconocía por primera vez que el control judicial del periodo de incomunicación «no fue ni suficiente ni eficiente». Este fallo, junto al dossier policial hallado ahora, avala, al parecer de los abogados, que esta ausencia de control es «general» en operativos antiterroristas.

De ello responsabilizan a los jueces del tribunal especial; «por su pasividad y por la no adopción de medidas de las que disponen, incluso en el seno de la propia legislación antiterrorista», criticaron.

Miguel Castells, Iñigo Iruin, Álvaro Reizabal, Ainhoa Baglietto, Kepa Landa, Jose Mari Elosua, Alfontso Zenon y Jone Goirizelaia fueron los abogados que comparecieron ante la prensa para hacer una valoración jurídica del documento, al que le otorgan una importancia «vital». Estas ocho personalidades del derecho que llevan décadas asistiendo a detenidos en la Audiencia Nacional española certificaron, de manera tajante, que «nunca antes habían visto un protocolo de actuación policial de estas características».

Baglietto, que hizo de portavoz del grupo de abogados, detalló que es la Secretaria del Estado de Seguridad, supeditada al Ministerio del Interior, el órgano encargado de remitir, de manera periódica, las instrucciones generales relacionadas con la forma de actuar de las FSE. Unas instrucciones que, según apuntó la abogada guipuzcoana, son «totalmente públicas y respetuosas con la legalidad».

A juicio de los letrados que comparecieron ayer, este protocolo de actuación del operativo policial confirma por escrito que las recomendaciones sugeridas por el Ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba fueron «marginadas y vulneradas» al menos en aquel operativo de abril, en el que fueron apresadas diez personas en Bizkaia y Gipuzkoa.

Los letrados, sin embargo, que como recordaron ayer han asistido a cientos de clientes que han tenido que padecer la incomunicación, mostraron su convicción de que «no se trata de un protocolo de actuación aislado, sino de un protocolo de aplicación general».

Tras un análisis sosegado del documento, la letrada calificó de especialmente «escalofriantes» algunas de las instrucciones contenidas en el documento como el carácter selectivo del tratamiento «exquisito» que el dossier contemplaba para algunos de los detenidos. Baglietto recordó que antes de conocer este dossier, el mismo día en el que a los detenidos se les levantó la incomunicación, se pudo comprobar el trato sufrido por aquellos que no fueron elegidos para recibir el trato exquisito. Recordó que éstos denunciaron ante el Juzgado de Instrucción Número 3 vejaciones sexuales y malos tratos físicos como sicológicos. Además del trato preestablecido en el documento, estos arrestados confirmaron la existencia de grupos de interrogatorios y la realización de los mismos.

Ante la gravedad de las formas de actuación que, en su opinión, se deducen del documento, los letrados instaron a profesionales del ámbito jurídico, a agentes internacionales y a la sociedad en general a incrementar la denuncia para que estas prácticas no se apliquen más en el futuro.