El paso del plan por el Parlamento genera dudas sobre su aplicabilidad
Aralar y PNV destacaron ayer en el Parlamento de Gasteiz que el plan «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia» no tiene carácter vinculante para los centros escolares, a los que sólo obligan los decretos curriculares del Gobierno que están redactados en términos muy distintos a los del plan, pues la «violencia terrorista» aparece como una más de las violencias. La consejera de Educación no desmintió el dato y destacó la autonomía de cada centro.
Iñaki IRIONDO
Tras los intensos debates y la polémica suscitada en los medios surgen indicios de que el plan «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia» tenía como fin su aprobación y ahora comienza a desinflarse un tanto. Primero se dijo que sería el lehendakari quien lo defendería en el Parlamento. Luego delegó en los consejeros de Interior, Educación y Justicia. Al final, sólo acudió Isabel Celaá, acompañada por la secretaria general de Coordinación de Presidencia, Virginia Múgica, la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, y la de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu.
Durante la sesión conjunta de ayer de las comisiones de Educación y Derechos Humanos surgieron serias dudas sobre la aplicabilidad que el plan va a tener en las escuelas. Fue la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, la que dijo -y se felicitó por ello- que «este plan no es más que humo». Recordó que lo que los centros deben aplicar, «atendiendo a su autonomía», es lo que se recoge en los decretos de currículo y en el que el Gobierno aprobó en marzo la «violencia terrorista» figura como una más entre otras, y se citan «la violencia estructural, la violencia de género, la violencia entre iguales». El decreto tampoco hace referencia especial a «las víctimas del terrorismo».
También la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, manifestó ante la consejera que lo que tiene valor vinculante para su aplicación son los decretos curriculares, mientras que «el plan sólo aconseja».
Isabel Celaá no desmintió esta realidad, mientras que sí destacó que la autonomía de los centros es un principio legal que ella misma había contribuido a consagrar con su participación en la Ley de la Escuela Pública Vasca. La consejera de Educación destacó también que hay algún centro que hace diez años recabó el testimonio de víctimas del terrorismo, que más de doscientos llevan tiempo aplicando planes de convivencia y que otros muchos no han hecho nada al respecto.
Con todo ello, pese al apoyo que le brindaron PSE, PP y UPyD, no queda claro si el plan llegará realmente a las escuelas o quedará, como escribió Urkullu en su blog, en «muchas palabras pero cero desarrollo».
Aintzane Ezenarro, portavoz de Aralar, fue la que con mayor contundencia rechazó ayer el plan del Gobierno en la comisión parlamentaria. EA, por estar su representante de baja, emitió un comunicado en el que señaló que «confundir la educación con la política antiterrorista es una irresponsabilidad».
Además de las denuncias ya conocidas sobre la forma en la que se ha elaborado el plan y sus contenidos, Aintzane Ezenarro introdujo una nueva vía de crítica al PSE al decirle que «para tener credibilidad ante esta sociedad a la hora de hablar de paz y convivencia debería hacer autocrítica en el caso del GAL y pedir perdón a sus víctimas». Recordó la portavoz de Aralar que «no hay peor violencia que la que ejercen ilegítimamente las instituciones públicas que tienen la obligación de velar por los derechos», por lo que «un estado democrático, para legitimarse, lo primero que tendría que hacer es deslegitimar el terrorismo que ha estado ligado a él». «Hablar sólo de ETA es hablar sólo de una parte del sufrimiento que ha habido en este pueblo».
Isabel Celaá recogió con desdén la petición de Aralar, diciendo que si hay que hacer autocrítica «hago autocrítica, toda la que quiera», y siguió hablando sólo de ETA. I.I.
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, quiso dejar claro ayer que «no nos adherimos a este plan, no hay acuerdo sobre él, no es nuestro plan y nosotros no hubiéramos reformulado el del Gobierno anterior». Pese a ello, sí observó la existencia en el texto actual de algunos «avances» sobre el borrador que inicialmente presentó el Gobierno de Patxi López, pero mantuvo que siguen teniendo «discrepancias importantes». Vaquero añadió que el PNV tendrá una actitud «vigilante» sobre el desarrollo del plan.
Por parte de Ezker Batua, Mikel Arana también vio la existencia de luces y sombras en el texto, pero en favor de no alimentar un debate que pudiera deslucir el consenso que en su día se logró en torno a la Ley de Víctimas, ofreció un «apoyo crítico» al plan, incidiendo en que el Gobierno tuviera tan en cuenta las críticas realizadas como el apoyo manifestado.
Como no podía ser de otro modo, UPyD y el PP mostraron su adhesión entusiasta al texto, destacando que en las negociaciones habidas con el PNV no se había tocado nada de lo que ambos partidos consideraban como fundamental del plan. En términos similares se expresó también el portavoz del PSE, Mikel Unzalu. I.I.
