La historia de los poderes locales, concejiles y municipales en Euskal Herria es la historia de una constante lucha de las capas populares por el derecho a la participación política en las instituciones, a través de la cual articular la defensa de sus intereses socio-económicos, en el particular contexto de las contradicciones que se desarrollan en el seno de la formación social de Euskal Herria. La historia de los primeros concejos abiertos, las elecciones censitarias, el sistema orgánico de control institucional franquista o el actual sistema de elección y participación institucional son hitos que nos informan de la evolución (e involución) constante de esta lucha.

Los movimientos socio-políticos protagonizados por los ayuntamientos y concejos de Euskal Herria han tenido, en nuestra reciente historia, una importancia capital como elementos aglutinantes de la voluntad popular y como dinamizadores de la transformaciones socio-políticas demandadas por la ciudadanía en su conjunto.

Han sido, de manera especial, los municipios de pequeño y mediano tamaño los que han protagonizado estos impulsos transformadores, determinados por los modelos de gestión participativos en ellos desarrollados. En aquellas ocasiones históricas en las que se vislumbraba un proceso de confluencia entre la gestión de los cargos públicos y la voluntad popular, los sectores socio-políticos más reaccionarios, para quienes la actividad política debe de desarrollarse disociada de la participación directa de los ciudadanos, han reaccionado de forma virulenta contra estos movimientos de emancipación.

La larga historia del movimiento de los municipios vascos nos ofrecen pruebas evidentes de esta intervención. Así ocurrió en Gernika el 17 de abril de 1931, con ocasión de la celebración de la asamblea de alcaldes y concejales de Euskal Herria (convocados para establecer nuevas bases políticas para el desarrollo futuro de nuestro país), cuando la villa fue tomada militarmente por el Ejército y la Guardia Civil, quienes impidieron su celebración. Otro tanto ocurrió el 3 de septiembre de 1934, cuando la Guardia Civil y Fuerzas de Asalto efectuaron otra brutal actuación contra la población que acudió a esta villa para arropar a los parlamentarios vascos y catalanes que, tras reunirse en Zumarraga para manifestar su apoyo a los municipios vascos, se desplazaron hasta Gernika a visitar su Casa de Juntas.

En protesta por la represión desatada contra la población indefensa allí reunida, los comités ejecutivos municipales acordaron la dimisión total y colectiva de todos los ayuntamientos del país en razón a «la gravísima situación que atraviesa el país como consecuencia del sistema represivo que el poder central utiliza en contra del normal desenvolvimiento de los concejos vascongados, causando ofensas al fuero municipal y a las libertades administrativas reconocidas desde tiempo inmemorial en este país».

Como puede verse, el establecimiento de un modelo de estado republicano y la instauración de un régimen constitucional no garantizó en absoluto el respeto de la voluntad popular y el desarrollo de un movimiento socio-político sustanciado en sus intereses políticos y sociales. La rebelión militar de julio de 1936 representó el final del sistema de representación política democrática y la eliminación sistemática de todos los sectores políticos, sociales e ideológicos que no coincidían con el modelo de estado e identitario de la España Una, Grande y Libre franquista. La conclusión fue la comisión de un brutal genocidio.

Parece que fue ayer, pero la historia se repite hoy con la ilegalización de Udalbiltza y el encausamiento de 22 de sus gestores, legítimos representantes de la voluntad popular. Nos encontramos con otra prueba fehaciente de que en el Estado español y en la realidad política vasca no se han establecido las garantías de no repetición. Ayer como hoy, la visión unitarista española tan arraigada, también, en los cuadros dirigentes republicanos españoles, las actitudes y comportamientos heredados del propio régimen autoritario franquista, siguen imperando en la realidad política. Hoy como ayer, se siguen cercenando los derechos civiles y políticos de miles de ciudadanos vascos; ayer como hoy, se siguen encarcelando a miles de personas por desarrollar proyectos sociales, culturales y políticos distintos a los de la España monárquica, capitalista, verdadera cárcel de pueblos.

Las camisas azules y las boinas rojas han tornado en vuelo de gaviotas y rosas rojas prendidas en el ojal de los nuevos plutócratas españoles y regionalistas vasco-navarros. El TOP ha mutado de nombre y en su lugar pende hoy el indicativo de Audiencia Nacional o Tribunal Supremo. No hay variación de objetivos ni formas, se sigue persiguiendo cualquier atisbo de ejercicio de soberanía popular directa, cualquier intento de alumbrar una comunidad de intereses entre ésta y las instituciones.

Esto, y no otra cosa, fue Udalbiltza, por la que miles de demócratas de Euskal Herria sentimos respeto y admiración. Ésta es la razón por la que las asociaciones por la recuperación histórica de Euskal Herria necesitamos la existencia de instituciones como Udalbiltza, porque estamos convencidos de que es en este marco de gestión en donde podremos hacer realidad la constitución de la Comisión de la Verdad de Euskal Herria, instrumento imprescindible para el desarrollo de nuestro objetivo: la investigación de la verdad, la realización de la justicia efectiva y la implementación de medidas de reparación, incluidas las garantías de no repetición.