El Gobierno de Lakua tiene ahora mismo presupuestados cerca de cien millones de euros al año para seguridad privada, es decir, para escoltas. Según los datos que hoy publica GARA, dentro de ese presupuesto hay asignados 1.045 escoltas para jueces, cargos políticos y cargos institucionales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Se supone que también hay ertzainas que cumplen esas funciones. A eso hay que sumar, además de los escoltas que desarrollan sus funciones en Nafarroa y las personas cuya seguridad corresponde al Ministerio de Interior, cuyo presupuesto asciende a 113 millones. En definitiva, una ingente cantidad de dinero que gastan las diferentes administraciones públicas en seguridad privada como consecuencia del conflicto político vasco. Un dineral que en estos momentos equivale a gran parte de los recortes sociales que se están aplicando por parte de esas mismas administraciones. Un negocio muy grande en manos de unos pocos que, desde un punto de vista egoísta, deben ver con preocupación el escenario político que se está abriendo en Euskal Herria a raíz de las propuestas de la izquierda abertzale. Un gasto a recortar a corto plazo.