La respuesta oficial del PNV a la Declaración de Bruselas fue que los firmantes de la misma, entre los que se encuentran cuatro premios Nobel y diferentes mandatarios y expertos internacionales, estaban cometiendo un grave error conceptual en su manera de acercarse al conflicto vasco, puesto que a ETA no había que pedirle un alto el fuego, sino su disolución inmediata. Su presidente, Iñigo Urkullu, lo resumió así: «ETA debe empezar por el final».

Ayer Brian Currin, promotor y portavoz de la mencionada Declaración, ofreció una conferencia en Donostia dentro de un acto organizado por la Diputación de Gipuzkoa. El título del evento era «La cultura política en Gipuzkoa, Nuevas perspectivas para la paz en Euskadi. La contribución internacional», y la presentación corría a cargo de Markel Olano, el diputado general. Olano debería reflexionar a fondo sobre los consejos dados por el asesor sudafricano. No en vano, Currin defiende que ya es hora de terminar con la segregación política de la izquierda abertzale. Y es que, precisamente, Olano dirige una institución constituida al margen del resultado real de las urnas, condicionada en su composición por la Ley de Partidos y por la ilegalización de la izquierda abertzale. La «cultura política» en Gipuzkoa está, en consecuencia, cercenada por una ley antidemocrática. El PNV no debería por tanto centrarse en estos momentos en reflexionar sobre cómo puede contribuir la comunidad internacional al proceso vasco, sino que debería empezar a definir y explicar públicamente cómo piensa aportar su partido al mismo desde Euskal Herria. Siguiendo las sensatas aportaciones de Currin y de otros tantos expertos en conflictos políticos, el PNV podría empezar por respetar y hacer respetar uno de los más básicos estándares democráticos: una persona, un voto. Ése sería un buen principio que, sin duda, acercaría la posibilidad de un «buen final».

Tal y como han explicado repetidas veces los protagonistas del cambio en Sudáfrica e Irlanda -por ejemplo en el GARA Forum de la semana pasada-, la contribución de agentes internacionales no puede sustituir la necesaria determinación que deben tener los propios implicados, que es el origen de cualquier proceso político de cambio.