Patxi López junto con el consejero de Vivienda de Lakua, Iñaki Arriola, presidió ayer el acto protocolario de firma del Pacto Social por la Vivienda que no cuenta con el consenso de los ayuntamientos, que realizan la planificación urbanística en los municipios, ni con las tres diputaciones, que establecen la política fiscal en los herrialdes.

El Pacto -que ha sido suscrito por más de 70 entidades, entre las que destacan promotoras, constructoras, bancos y asociaciones de empresarios- tendrá una vigencia de 15 años. «Movilizar los suelos que se encuentran estancados para impulsar la construcción de vivienda protegida e introducir cambios normativos con el fin de dotar a los ayuntamientos de mayor capacidad de decisión en las actuaciones que se lleven a cabo» son algunos de los objetivos fijados en el documento.

Numerosas críticas

Sindicatos, movimientos sociales y formaciones políticas criticaron el documento de vivienda promovido por el Gobierno de Patxi López. En un comunicado, el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, destacó que «una vez más, Lakua hace gala de la utilización del calificativo 'social' para presentar propuestas redactadas por y para el capital». «No va a frenar la especulación ni acabar con los ciudadanos-rehenes de hipotecas», ya que el documento «carece de medidas reales para solucionar el problema de la vivienda», censuró Alternatiba. Por su parte, Ezker Batua tildó la medida de «retroceso histórico» y consideró que con el «exagerado» periodo de vigencia el PSE «pretende disimular su fracaso en materia de vivienda».

Asimismo, el Consejo de la Juventud de Euskadi, junto a otros nueve movimientos sociales, se movilizó ayer en contra del acuerdo firmado ante las puertas de Lehendakaritza. En este sentido, criticaron que el pacto de ayer «se disfraza de acuerdo social, pero establece otra vez una relación privilegiada con las élites económicas y los sectores de la construcción». Una vez más, subrayaron «se vuelve a dar esquinazo al derecho a la vivienda».

Sueldos y precio de vivienda

Según un estudio publicado por idealista.com, portal inmobiliario del Estado español, la mayor diferencia entre los sueldos y el precio actual de la vivienda se produce en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En estos herrialdes, las parejas medias «necesitarían una rebaja en el precio de la vivienda de un 26,5%» para poder optar a un inmueble.

De esta manera, el estudio destaca que si una entidad bancaria tuviera que financiar el 100% de la compra de un piso de segunda mano en la que los compradores no tienen nada ahorrado, los precios medios de la vivienda usada deberían caer más de un 40% en la CAV.

Sin embargo, en la realidad esta práctica «es muy poco frecuente ya que la entidad bancaria, por norma general, no presta más del 80% del valor de tasación de la vivienda».

Contrariamente a los datos que se reflejan en el mencionado estudio inmobiliario, «la vivienda está comenzado a repuntar en los mercados más inaccesibles, como en el caso de la CAV, sin haberse realizado el ajuste necesario, por lo que se corre el riesgo de salir de la crisis dejando absolutamente fuera de mercado a muchos ciudadanos», apunta el estudio.