Las novedades introducidas por el Gobierno español en su proyecto de reforma laboral desde la presentación del borrador del decreto, el pasado viernes, hasta su aprobación ayer han dado una nueva vuelta de tuerca en facilitar el despido barato a las empresas.

A partir de hoy, con sólo acreditar su mala situación, una empresa puede despedir con el modelo más barato de despido. Uno de los cambios del decreto, que ya está en vigor, supone que la empresa sólo tiene que acreditar pérdidas, sin un plazo determinado, para justificar despidos objetivos. En realidad, el texto de la reforma ni siquiera habla de pérdidas y dice que se podrá recurrir al despido objetivo por causas económicas -cuya indemnización es la más barata, de 20 días por año trabajado- cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa».

«A estos efectos -continúa el texto- las empresas tendrán que acreditar los resultados y justificar que de los mismos se deduzca mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva». Fuentes gubernamentales descartaron que esto suponga facilitar el despido de 20 días, ya que, precisaron, la empresa tendrá que demostrar que ha incurrido en pérdidas para poder acogerse a esa indemnización.

Respecto al plazo de seis meses continuados de pérdidas del que se habló la semana pasada para justificar el despido, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó que nunca estuvo en la propuesta del Gobierno determinar el plazo de pérdidas económicas que debe acreditar una empresa para poder despedir de forma objetiva y dijo que la propuesta de que fueran seis meses consecutivos de pérdidas estuvo en la mesa del Diálogo Social pero fue rechazada.

En el borrador presentado esta semana a los partidos, después de que no hubiera acuerdo con los agentes sociales, se hablaba de pérdidas como «no meramente coyunturales».

El ministro reconoció, según informó Efe, que la redacción se ha cambiado porque el concepto «coyuntural» tuvo observaciones esta semana por parte de diferentes portavoces de los partidos políticos y consideró que el nuevo texto «es más preciso». Corbacho afirmó, no obstante, que las causas objetivas de un despido «siempre debe determinarlas un juez» por lo que se mantiene la tutela judicial efectiva, y aseguró que el texto del decreto ley se ha modificado para «arrojar claridad».

Asimismo, dijo que el Gobierno no espera que este concepto se modifique durante la tramitación del decreto ley en el Parlamento como proyecto de ley a través de las enmiendas que puedan presentar los diferentes grupos parlamentarios.

Otro de los cambios ha sido generalizar el abaratamiento del despido, ampliando los colectivos a los que se podrá aplicar el contrato de fomento del empleo estable, que rebaja a 33 días la indemnización en caso de despido, frente a los 45 del contrato indefinido ordinario.

El ministro de Trabajo explicó que en el borrador presentado a los partidos había algún colectivo al que no se podía aplicar el contrato de fomento del empleo estable, en concreto los trabajadores de entre 31 y 44 años que hayan tenido un contrato fijo y que hayan sido despedidos, y a los que ahora también se podrá despedir con menos coste para la empresa, algo que, en opinión de Corbacho, «es de justicia» y que con la actual legislación es «imposible».

Justificó este abaratamiento del despido en más casos afirmando que con esta decisión se da una mayor oportunidad a las personas «atrapadas en la temporalidad o los desempleados».

La intención del Ejecutivo es que el contrato de fomento del empleo estable se use lo más posible, destacó Corbacho, al tiempo que rechazó que esto suponga universalizarlo frente al fijo ordinario.

Los actuales contratos fijos ordinarios mantienen sus derechos adquiridos, ya que el real decreto aprobado no tiene carácter retroactivo.

Se extiende el pago del Fogasa

Una tercera novedad que se ha introducido tras las consultas con los partidos extiende los casos de despido en los que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagará ocho días de las indemnizaciones

Ahora se incluyen también el despido improcedente de los fijos ordinarios y el objetivo (45 días por año trabajado), el de los de fomento del empleo estable (33 días por año) y el de los colectivos por causas objetivas (20 días), rebajando así el coste para la empresa en prácticamente todos los tipos de contratación.

En el borrador sólo se contemplaba la cobertura de los despidos del contrato de fomento estable, tanto procedentes como improcedentes. Estas aportaciones del Fogasa se mantendrán hasta que el Gobierno presente su propuesta de creación de un fondo que financie las indemnizaciones por despidos. El Gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley independiente para ese fondo de capitalización de la vida laboral de los trabajadores, que imita el modelo austríaco y que debe servir para abonar una parte de los despidos.

Según explicó el ministro de Trabajo, el proyecto de ley debe presentarse y debatirse en un año, pero adelantó que el Gobierno no tiene intención de aumentar las cuotas empresariales de la Seguridad Social para nutrir este fondo. El ministro dijo que este instrumento tiene vocación de permanencia y por eso quiere que se discuta en el Parlamento.

Menos restricciones a las ETT

El aumento de la indemnización para los despidos de los contratos temporales sólo afectará al de obra y servicios, que de los ocho días actuales pasará a doce, y no será efectiva hasta 2015. En cuanto a las empresas de trabajo temporal (ETT), se les levanta la restricción de operar en el sector de la Administración Pública.

Al tratarse de un decreto ley la reforma se encuentra ya en vigor. Sin embargo, aún caben modificaciones en su trámite parlamentario como proyecto de ley. Los cambios se han producido después de las conversaciones del Ejecutivo con los partidos políticos para explicarles su borrador y pedirles que la convaliden el 22 de junio en el Congreso.

Para Corbacho, la reforma aprobada ayer es «sustancial» y «de las más importantes que se han acometido en el país en los últimos años». Sus objetivos -detalló- son mejorar la productividad, dar mayor estabilidad en el empleo y dotar de más flexibilidad interna a las empresas, «lo que no quiere decir más inseguridad».

Para los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, los cambios introducidos en la última semana agravan y empeoran aún más lo propuesto por el Gobierno.