La acusación sobre Banesto es importante, ya que es una de las primeras veces en que la Fiscalía, según asegura Efe citando fuentes judiciales, considera responsable civil subsidiario a una entidad bancaria por una estafa motivada por el fallo de sus «sistemas de autentificación y seguridad» que presuntamente «no detectaron el origen fraudulento de la orden» lo que hizo posible una transferencia no autorizada por la víctima.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al 3 de mayo de 2007, cuando supuestamente uno de los dos acusados realizó una transferencia delictiva a través de Internet desde la cuenta de la víctima a otra que el segundo procesado había abierto «específicamente» para cometer la estafa y obtener un «lucro ilícito».

«En este momento -continúa el escrito-, los sistemas de autentificación y seguridad del banco no detectaron el origen fraudulento de la orden» y la transferencia, por importe de 3.363 euros, se materializó. De esta manera, tras recibir el dinero en su cuenta, el segundo procesado hizo efectivo ese mismo día 3.060 euros en una sucursal de Segovia y presuntamente los mandó al extranjero «mediante un servicio de envío postal de dinero, consciente de que con esta forma de operar sería imposible rastrear su paradero».

Este inculpado se habría quedado además con los 303 euros restantes «en concepto de comisión» por su participación en la presunta estafa. Se da la circunstancia de que sólo unos minutos antes de que el primer encausado realizara esta transferencia había intentado hacer otra valiéndose de las claves bancarias de otra víctima, de las que se había apoderado de forma ilegal; sin embargo «fue rechazada por el sistema de seguridad del banco».