El pasado día 16 la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Iruñea acordó un texto en el que se define una docena de medidas para reducir el gasto público, al objeto de que sean tomadas en consideración por el Gobierno municipal y los partidos con representación en el consistorio.

En primer lugar, se propone una reducción del 25% de las retribuciones de la Alcaldía, así como de concejales, delegados y cargos de libre designación. Una reducción que también debería afectar, en este caso en un 5%, a las retribuciones complementarias percibidas por los niveles más altos de la administración, al objeto de eliminar «las enormes diferencias salariales».

La Comisión de Personal cree igualmente necesario suprimir «todo tipo de retribuciones» por asistencia a consejos de sociedades públicas municipales o cualquier otro tipo de organismo público, ya que, recuerda, «la asistencia a los mismos forma parte del trabajo por el que se cobra otra retribución». Respecto a la estructura administrativa, los trabajadores y trabajadoras iruindarras abogan por reducirla, llevando a cabo una redistribución de las funciones que permita la eliminación de determinadas áreas y sus respectivos gastos. Y es que, destacan, hoy día existen quince áreas, «algunas de ellas creadas para colocar a personas afines».

En el texto acordado la semana pasada hay también una sugerencia de reducir dráticamente el personal eventual -de libre designación-, congelar la plantilla de la Policía Municipal, que cuenta con 493 agentes en este momento, y aplicar una reducción y control de las horas extraordinarias, especialmente en la Policía Municipal.

Asimismo, los trabajadores del Ayuntamiento proponen una revisión y análisis de los ingresos y adoptar medidas que permitan aplicar una política fiscal progresiva, al tiempo que se procede a una reducción del gasto corriente «a través de la supresión de gastos superfluos» como, por ejemplo, los gastos protocolarios, de prensa, publicidad y propaganda, asesorías y consultorías.

La Comisión de Personal también cree necesario revisar las inversiones, y suspender aquellas que no sean «estrictamente necesarias», como el Museo de los Sanfermines o la estación del TAV, y se muestra partidaria de cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a «todos los edificios y centros pertenecientes a las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas que estén vinculados a la actividad empresarial o de negocio». Del mismo modo, pide cobrarles el Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) «como al resto de empresas y particulares».