Durante los cuatro años de mandato de Felipe Calderón, las cifras oficiales arrojan un saldo total de 22.000 ejecuciones atribuidas a las organizaciones criminales que controlan la entrada de la droga procedente de América Latina con destino a EEUU y que mantienen una lucha constante por el control de los pasos fronterizos. Sólo 1.200 de esas muertes violentas están siendo investigadas, lo que supone un 5% de procesos en curso. Estos datos se recogen en un informe confidencial entregado al Senado mexicano y difundido por la prensa local.

En 2006, se registraron 62 crímenes que al año siguiente se multiplicaron hasta alcanzar los 2.837, que se incrementarían en 2008 hasta los 6.844 y continuarían esa tendencia en 2009, año en el que se contabilizaron 9.635 casos. Sólo entre enero y marzo de este años se han reportado un total de 3.365 muertes violentas, según informó el diario «El Universal».

Según el recuento publicado ayer por el rotativo «Excelsior» y recogido por Efe, la ola de violencia que sufre México ha dejado en lo que va de año 5.004 muertes, lo que representa un promedio de más de una ejecución cada hora al alcanzar una media diaria de 28,9. Este rotativo señala que, con 1.213 muertes, Chihuahua es el estado más castigado por la violencia del crimen organizado, seguido de Sinaloa (1.047) y Tamaulipas (429).

«Incapacidad del Gobierno»

A la luz de estas cifras, Guillermo Garduño, experto en seguridad de la Universidad Autónoma Metropolitana, aseguró que los datos «evidencian la absoluta incapacidad del Gobierno de investigar las ejecuciones del crimen organizado», a lo que habría que añadir «las deficientes investigaciones locales», por lo que no es de extrañar que estos asesinatos «queden impunes».

La lucha contra el «narco» ha causado 300 bajas en las Fuerzas Armadas en los últimos diez años, según un informe de la Secretaría de Defensa Nacional. La mayoría se han producido durante el mandato de Calderón, cuando aumentaron un 64%.