Huelga general el 29 de junio
La abstención de PNV, UPN, PP y CiU permite aprobar la reforma laboral
Por encima de críticas, los grupos parlamentarios de PNV, UPN, PP y CiU en el Congreso español permitieron con su abstención que se aprobara el decreto ley sobre la reforma laboral que instaura un despido más barato para los empresarios y carga sobre fondos públicos parte de su coste. Sólo los diputados del PSOE, menos uno, votaron a favor de la reforma.
Pablo RUIZ DE ARETXEBALETA | GASTEIZ
La abstención de PNV, PP, CiU, Coalición Canaria, UPN y UPyD garantizó ayer al Gobierno español que el Congreso convalidara el decreto ley de la reforma laboral que abarata el despido, que contó sólo con los votos afirmativos del grupo del PSOE y el rechazo de ERC, IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai.
De esta forma, se registraron ocho votos negativos y la abstención sumó 173 votos, más incluso que los que se pronunciaron a favor, 168. Al PSOE le falló el ex secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez, que se abstuvo por discrepar del texto y a pesar de las advertencias de su grupo de que «la lealtad con el grupo parlamentario es obligada». Todos los partidos apoyaron la tramitación parlamentaria del decreto ley como un proyecto legislativo, susceptible por tanto de presentación de enmiendas. El texto se publicará en breve en el Boletín Oficial de las Cortes Generales para su tramitación por vía de urgencia y se habilitará a la Comisión de Trabajo para julio.
El PNV critica pero se abstiene
El diputado del PNV Emilio Olabarria realizó una encendida crítica de la reforma, de la que reconoció que «abarata el despido de forma espectacular», y advirtió del peligro de que las empresas se acojan a la genérica justificación de la «mala situación económica» para despedir trabajadores con la indemnización más barata, de 20 días por año trabajado; es decir, que baja su coste para la empresa a menos de la mitad en el caso de los contratos indefinidos. También criticó que sólo se aborde la precariedad sobre uno de los 14 modelos de contrato temporal existentes, así como que se autorice anular de hecho los convenios colectivos. A pesar de estos desacuerdos, se sumó a la abstención que posibilitó su aprobación porque, según dijo, «queremos mejorarla en las enmiendas». UPN pidió que en el trámite de las enmiendas «no se desvirtúe» su contenido «por las presiones de unos y otros».
El PP calificó la reforma de «fracaso» por haberse aprobado sin consenso y por su contenido, porque está planteada «para despedir y no para contratar». El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió las medidas afirmando que favorecen directamente a más de 8 millones de parados o trabajadores con un contrato temporal, mientras que mantiene los derechos de otros 11,5 millones de asalariados con contrato estable.
Poco antes de su aprobación en el Congreso, CCOO y UGT alertaron de que la reforma hace que el empleo fijo sea igual de vulnerable que el temporal y el contrato indefinido ordinario será «el claro damnificado ya que queda definitivamente arrinconada y sin futuro».
Con todo, el presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aún se quejó de que se pongan «límites» a la contratación temporal, aunque se mostró satisfecho con la posibilidad de las empresas de desvincularse de los convenios.
El Gobierno español admitió ayer que su propuesta de reforma de pensiones que prevé la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años y que actualmente debate el Pacto de Toledo pueda ser modificada por los grupos parlamentarios, al tiempo que confía en que las recomendaciones finales estén listas en dos meses. Así lo aseguró el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, al término de su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, donde explicó la suspensión de la revalorización de las pensiones contributivas en 2011. No obstante, dijo que confía en que las propuestas de esta comisión «no desnaturalicen» demasiado el documento del Gobierno. Durante su comparecencia, Corbacho abogó por «no demorar en exceso» una reforma de las pensiones y pidió a los grupos parlamentarios que adopten sus recomendaciones en un «medio plazo». El ministro insistió en justificar la suspensión de la revalorización de las pensiones para el año 2011 con la necesidad de acelerar la reducción del déficit público y reducir el gasto, y añadió que se trata de una medida «puntual». Todos los grupos parlamentarios, excepto el del PSOE, criticaron la medida de congelar las pensiones. GARA
Los grupos parlamentarios avalaron la posibilidad de que el Senado celebre un pleno extraordinario en el mes de agosto para debatir y votar la reforma laboral. Para ello, el Pleno del Senado tendría que habilitar el mes de agosto antes de que finalice el actual periodo de sesiones o, en su caso, convocarse en una reunión de la Diputación Permanente de la Cámara Alta.
