La reforma laboral del Gobierno español introduce las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y extiende el papel de las empresas de trabajo temporal (ETT). En los últimos diez años en Hego Euskal Herria han intervenido de media en uno de cada cinco contratos firmados, en concreto en el 22,1% del total de los temporales o el 20,35% del total de contratos. De casi 9,6 millones de contratos realizados, la intermediación de las empresas de trabajo temporal ha alcanzado 1,96 millones de contrataciones, un porcentaje muy importante. Para muchos parados han sido la única vía de acceso a un empleo precario, porque los servicios públicos estatales o autonómicos apenas han controlado una porción muy pequeña de la contratación, y siempre han dando prioridad a la contratación temporal. El cambio que marca la reforma laboral de 2010 supondrá, en realidad, que se reconviertan en agencias de colocación para mejorar su negocio y profundizar en la precariedad laboral. Es la contribución que, una vez más, hace el Gobierno español, en manos del PSOE.

El negocio de las ETT fue creciendo desde 1998 y cerraron 2009 con un volumen de facturación provisional de 1.950 millones, por la caída que sufrió el año pasado la cesión de trabajadores debido a la crisis, pero en 2008 rozaron los 3.000 millones con la cesión temporal de trabajadores. Antes de la reforma, se calculaba que este año bajaría su facturación en un 5%. La nueva reforma laboral ha dado alas al negocio de la precariedad laboral y se espera un impulso de las ETT a partir de octubre.

La nueva reforma laboral profundiza en la precarización de las condiciones laborales, en la prestación de servicios y en los salarios. Se ensayó en 1994 con la legalización de las ETT, ya que intermediaban en el mercado laboral sin estar legalizadas. Con su puesta en marcha se impulsó la contratación temporal y los empresarios consideraron que era el sistema perfecto para contratar sin tener responsabilidad sobre esa mano de obra barata. Sin embargo, la legislación impedía a las ETT entrar en el sector de la Construcción, debido a la elevada peligrosidad y siniestralidad que se produce, ni tampoco podían intermediar en el sector público. Con la actual reforma se han roto esas cortapisas.

«La crisis más barata»

La mayoría sindical vasca, formada por ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, exige la retirada de la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero y sostiene que «de cuantas crisis ha habido, ésta es la que más barata le ha salido a la patronal. Abusaron de la temporalidad y han despedido a la mayoría de la gente sin derecho a indemnizaciones». En este sentido, critican que se otorgue más competencias a las empresas de trabajo temporal. Sobre las agencias privadas de colocación, indican que «buscan el beneficio y supone un paso más en la mercantilización de las políticas que tienen que ver con la búsqueda de un empleo». Las seis centrales sindicales afirman que la reforma laboral «supone poner las políticas de empleo en manos de empresas que no van a tener interés en prestar servicios a los colectivos que están en peor situación para acceder a un puesto de trabajo, lo que provocará discriminaciones».

De hecho, según ELA, el texto de la reforma, que ayer pasó su primera prueba de fuego en el Congreso español, «obliga» a los parados -171.344 personas en Hego Euskal Herria- «a atender los diversos requerimientos que les realicen las agencias privadas de colocación para acceder a un puesto de trabajo, teniendo en cuenta que buscan el lucro económico». La reforma de Rodríguez Zapatero permite a las ETT a partir de 2011 que actúen en todos los ámbitos, aunque deberían respetarse «las limitaciones que se establezcan en la negociación colectiva». Todos estos elementos ponen de manifiesto, sobre todo por la evolución que han seguido el conjunto de reformas laborales, que la nueva reforma no reducirá la precariedad. Hace tan sólo tres años y medio, con la última reforma de 2006, firmada por la patronal, las centrales CCOO y UGT y el Gobierno español, se aseguró que aumentaría la contratación indefinida y se reduciría la temporalidad, pero no ocurrió así. Los empresarios se aprovecharon de las ayudas para activar contratos indefinidos durante el primer semestre, para después volver a lo de siempre.

Peor que en 1994

La reforma laboral actual profundiza en la de 1994 en los aspectos que abren más posibilidades hacia la contratación temporal, aunque, a la vez, también permite un contrato indefinido de fomento del empleo más barato a los empresarios como salida a la necesidad de retener a trabajadores en las empresas en determinados momentos. Es decir, José Luis Rodríguez Zapatero apuesta en 2010 por incrementar la flexibilidad laboral, a la vez que mantiene las bonificaciones económicas para los empresarios y les abarata el despido para que no suponga una carga para las empresas, aunque sí para las arcas públicas que son sostenidas por el conjunto de la clase trabajadora. En ese sentido, la profesora de la UPV-EHU Isabel Otxoa reconoce en el informe «El recorte de los derechos en las reformas laboral», publicado por Manu Robles-Arangiz Institutua ligado a ELA, que con la legalización de las empresas de trabajo temporal «se rompió con un límite a la explotación, admitido incluso desde criterios capitalistas: una cosa es utilizar el trabajo ajeno para producir una mercancía o prestar un servicio, y otra que el negocio consista precisamente en contratar trabajadores para ponerlos a disposición de otras empresas».

Confirma que la aparición de las ETT supuso «un paso adelante en la precarización del empleo» y, sin duda, la reforma laboral actual supondrá dos pasos adelante, porque en realidad permitirá que las empresas de trabajo temporal extiendan sus brazos a sectores que estaban prohibidos en la actualidad y porque tendrán la posibilidad de convertirse en agencias de colocación para lograr más beneficio.

La patronal de las empresas de trabajo temporal (AGETT) señala en sus diferentes estudios que la tasa de penetración de estas empresas está aumentando, sobre todo en este momento, porque los empresarios se han desecho de muchos trabajadores en muy poco tiempo. Hay que tener en cuenta que las empresas redujeron 247.080 contrataciones en el plazo de 2007 a 2009, y el año pasado en Hego Euskal Herria se produjo la mejor contratación de la última década. Si añadimos los despidos de 126.570 trabajadores en ese trienio, las empresas se han quedado en el esqueleto, por lo que la entrada de trabajo ha permitido a las empresas acudir a las ETT. De hecho, en el primer trimestre de 2010, la tasa de penetración de las empresas de trabajo temporal (ETT) en Nafarroa llegó al 29,7%, y en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, al 17,8%, muy por encima de la media del Estado español, que se situó en el 13,7%. Este hecho refleja la escasa sensibilidad de los empresarios que se han dedicado a destruir empleo y contrataciones con la disculpa de la crisis económica, pero cuando necesitan de nuevo mano de obra echan mano de las empresas de trabajo temporal, que supone empleo precario.

Ésta es la realidad que espera al mercado laboral a partir de esta reforma. Por eso, la mayoría sindical vasca, conformada por ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, ha decidido realizar una huelga general este próximo martes, 29 de junio, con el objeto de empujar entre todos los trabajadores para intentar que esa reforma no salga adelante, porque supondrá una mayor precarización de los puestos de trabajo, además del despido más barato y la pérdida de derechos laborales de los trabajadores tras años de lucha. AGETT reconoce que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han perdido durante la crisis el 60,3% del empleo y Nafarroa, el 21,1%. En la CAV, en un año se ha perdido un 8,8% de puestos de trabajo indefinidos, aunque un año antes la pérdida de contratos fijos superó el 22%. En Nafarroa la caída interanual con datos referidos a marzo llega al 9,9%, y a un 24% el ejercicio pasado.

Además, señala que el 36,1% de los parados son desempleados de larga duración en la CAV, mientras que en Nafarroa suponen el 27,8%. Las empresas de trabajo temporal, que por otra parte ya comienzan a denominarse agencias privadas de colocación, registran entre seis y diecisiete veces más contratos que los servicios públicos de empleo de los cuatro herrialdes.

El sector público está dejando paso al negocio privado, lo que es grave desde todos los puntos de vista. Con esa política de privatización de la intermediación laboral están de acuerdo las administraciones públicas, y la reforma laboral del Ejecutivo espa- ñol profundiza en esa decisión en contra de los trabajadores.