La inmensa mayoría de la población, y en especial la clase trabajadora, está en contra de la reforma laboral. No es para menos. La crisis se está saldando con la no renovación o el despido de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras. A pesar de que aquí la caída del PIB está siendo menor que en otras partes, el paro ha crecido en Hego Euskal Herria (o en el Estado español) muy por encima de lo que lo ha hecho en la media europea. En absoluto se puede justificar esta reforma con el argumento de que es caro y difícil despedir. Los datos no dejan lugar a dudas.

En este contexto, suena a tomadura de pelo una reforma que da más facilidades a las empresas para despedir, que abarata e incluso subvenciona con dinero público estos despidos. La reforma también permite atacar la esencia de la negociación colectiva, facilitando que las empresas se descuelguen del salario del convenio o modifiquen las condiciones de trabajo sin acuerdo con la representación sindical. Asimismo se legalizan las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y se eliminan las restricciones legales o establecidas en convenio a las ETT.

Pues bien, este martes, día 22 de junio, en el Congreso de los Diputados se ha permitido que dicha reforma prospere con el agravante de que puede ser empeorada en el trámite parlamentario. El PSOE está en minoría; era, pues, factible parar esta reforma si se derrotaba al Gobierno en el Congreso. Para ello, era necesario que los votos contrarios superasen a los favorables.

Sin embargo, la mayoría de los grupos se ha abstenido (PP, CiU, PNV, UPN, CC y UPyD). Y con su abstención han permitido que la reforma laboral, que va en contra de los trabajadores y trabajadoras, siga adelante. Así, la patronal resulta contenta: obtiene lo que quería con el compromiso de que le van a dar aún más.

Para ELA la conclusión es clara: tanto apoyo dan a la reforma quienes votan a favor como quienes se han abstenido. Éste es un ejemplo más de la gran distancia que existe entre la clase política y las demandas de la clase trabajadora, y de la hegemonía de políticas de derechas que sufrimos.

Lo que ha pasado en esta votación no es un hecho aislado. Llevamos años denunciando que hay -de facto- un acuerdo político mayoritario que funciona muy bien para sacar adelante una política antisocial. Ese acuerdo tiene cuatro características: realizar la reformas que exige el poder económico y financiero (la laboral, de pensiones...); un tratamiento fiscal vergonzosamente privilegiado a las rentas altas y al capital, que en el caso de Hego Euskal Herria supone un diferencial anual de más de 8.000 millones de euros de menor recaudación; un gasto social a la cola de la Unión Europea y una disposición muy favorable para destinar recursos para una minoría (a la Banca, a infraestructuras innecesarias y perjudiciales como el TAV, etcétera). Estas políticas y los presupuestos públicos del Gobierno Vasco, Gobierno de Nafarroa y diputaciones forales que las acompañan han sido aprobados con el acuerdo del PNV, PSE-PSOE, PP, UPN y PSN-PSOE.

Por eso, a los trabajadores y trabajadoras, para defender nuestros derechos, no nos queda más vía que la lucha. La huelga general del 29 de junio va a mostrar no sólo que la mayor parte de la clase trabajadora está en contra de esta reforma, sino que está dispuesta a pelear para defender sus derechos.