Estos días pasados se hicieron públicas las conclusiones del informe del Gobierno británico sobre los hechos criminales del 30 de enero de 1972, en Derry, Irlanda del Norte, conocido como Domingo sangriento, a causa de los cuales murieron 14 personas y fueron heridas varias decenas, manifestantes todos de derechos civiles, más pacíficos de lo que convenía a la necesidad de dar un escarmiento militar a los nacionalistas norirlandeses. El premier británico, David Cameron, pidió perdón públicamente en nombre del Gobierno y del pueblo británico (...)

En otros ámbitos, el resultado de ese informe británico ha provocado el recuerdo forzoso de algunos atropellos y la manifestación del deseo de que un Gobierno como el español reconociera alguna vez la participación directa y no azarosa ni ocasional de servicios o instituciones del Estado en algunos crímenes que han quedado por completo impunes: Vitoria 1976, Montejurra también de 1976, Sanfermines de 1978, Mikel Zabalza en 1985... por poner unos ejemplos.

Es verdad que pedir entonces a una magistratura y a una fiscalía que había sido plenamente franquista hasta la víspera, verdadero celo en la investigación de aquellos crímenes, era pedir demasiado. (...) En el caso de Pamplona y Vitoria, todo apuntaba a la actuación decididamente criminal de los mandos de la Policía Armada. Nunca se llegó a nada, a pesar de los cientos por no decir miles de testimonios, y con la ayuda inestimable de las amnistías. En el de Mikel Zabalza, arrojado al río Bidasoa para simular un ahogamiento y una fuga grotescas, aparte de constituir un testimonio de la historia de la infamia, tampoco. Es del dominio público que el asunto GAL no fue investigado a fondo y jamás, que se sepa, el BVE. La Policía era la Policía, el Ejército ídem, y las trastiendas del Gobierno, éste. Y lo sigue siendo. En la práctica, intocables. Es como si los familiares de éstas y otras víctimas no tuvieran derecho a la verdad de lo sucedido, a la memoria y a una reparación siquiera formal, todo lo teatral que queramos, del abuso del que fueron objeto por los aparatos del Estado, de un Estado que sigue demostrando que hay dos clases de víctimas de la violencia, unas y otras. Inútil explicar a estas alturas cuáles son unas y cuáles otras. Unas merecen el reconocimiento público, otras no o muy poco. La llamada Transición no puede enjuagar todos los crímenes que se cometieron a su amparo y que provocan el encogimiento de hombros que algunos provocan en un sistema de cosas en el que la víctima tiene que tragar, olvidar, pasar página, y el verdugo o sus cómplices y valedores jamás. Sólo por esto merece la pena recordar, escribir, ejercitar la memoria, nombrar la infamia, dejar constancia.