Representantes de la Izquierda Abertzale, Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Aralar comparecieron ayer en Donostia de forma conjunta para dar su apoyo a la huelga general del 29 de junio, que ha convocado la mayoría sindical vasca, y para recordar que «está plenamente justificada». A la vez, reclamaron «entrar en una etapa de movilización continua», para que «se ponga fin al ataque que se está llevando a cabo por parte de los gobiernos neoliberales en contra de los derechos sociales y laborales de los trabajadores».

En la comparecencia de las cuatro formaciones estuvieron presentes Eva Aranguren y Santi Merino (EA), Niko Moreno y Miren Legorburu (izquierda abertzale), Ainhoa Beola y Oxel Erostarbe (Aralar), y Ander Rodríguez y Enrique Martínez (Alternatiba). Criticaron que el Gobierno español y otros de la Unión Europea «están cediendo vergonzosamente a las presiones de los mismos mercados financieros y grandes intereses empresariales que originaron esta crisis», que, «lejos de asumir sus costes y su responsabilidad, aprovechan la coyuntura para imponer medidas de recorte social y laboral».

Los representantes políticos afirmaron en Donostia que las medidas que el Gobierno español ha fijado en la reforma laboral, que se tramita como proyecto de ley en el Congreso español, «conllevan el abaratamiento y la facilitación del despido y un claro retroceso en los derechos sociales y laborales de los trabajadores. Pretende hace recaer, una vez más, las consecuencias de la crisis sobre los sectores menos responsables y más afectados por ella, en especial la juventud, las personas inmigrantes y las mujeres que están siendo doblemente castigadas por esta crisis».

Ataque a los derechos

También critican la reducción de los días de indemnización por despidos y la reducción del preaviso de despido de 30 a 15 días o la generalización del contrato de fomento, de carácter indefinido pero «más barato y con más facilidades para el despido». La izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba tampoco consideran lesivas las facilidades que ofrece la legislación aprobada «para alegar causas económica para despedir y la modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa».

Todos estos elementos, y otros que mencionaron en la rueda de prensa conjunta, «son un ataque en la línea de flotación de la estabilidad laboral y los derechos laborales de los trabajadores».

Los representantes políticos de las cuatro formaciones recordaron que «el Gobierno del PSOE y otros gobiernos europeos están cediendo vergonzosamente a las presiones de los mismos mercados financieros y grandes intereses empresariales que originaron esta crisis, y que, lejos de asumir sus costes y responsabilidad, aprovechan la coyuntura para imponer medidas de recorte social y laboral, aumentando más aún su poder e influencia sobre la sociedad, sin plantearse en ningún momento un cambio de modelo de desarrollo, no del modelo financiero que lo ha sustentado».

La izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar manifiestan que «estamos asistiendo en unos meses a un retroceso sin precedentes en los pilares básicos del Estado de Bienestar como son la sanidad y educación públicas y en la propia negociación colectiva» y, a la vez, entienden las cuatro formaciones que «se están dilapidando los logros que han sido consecuencia de una larga lucha histórica a favor de los derechos sociales, laborales y democráticos de la ciudadanía».

Denuncian que esta reforma laboral «supedita el mercado laboral a las necesidades de los intereses de las grandes centros empresariales» y, por lo tanto, entienden que se debe avanzar en la respuesta a esa agresión.