Los líderes de las veinte economías más ricas y emergentes del mundo (G-20) acordaron reducir a la mitad los déficits presupuestarios para 2013 «sin paralizar el crecimiento» y se quedaron sin fijar una resolución única y concreta sobre la aplicación de una tasa a los bancos para hacer frente a la crisis. Esta decisión queda en manos de cada estado.

El gobierno canadiense invirtió más de 1.000 millones de dólares para garantizar la seguridad de los líderes del G-20. A pesar de ello, durante el fin de semana se produjeron manifestaciones, que reunieron a 10.000 personas de organizaciones sociales, para exigir a los países ricos y emergentes del G-8 y G-20 «medidas sociales contra el desempleo» y para «un mejor reparto de la riqueza», porque «la crisis ha traído más desempleo y pobreza en el mundo».

Algunas de estas manifestaciones terminaron con enfrentamientos con los policías. Según explicaron fuentes policiales, 480 personas fueron detenidas en el trascurso de las protestas del pasado sábado.

La declaración final de Toronto (Canadá) señala que el sector bancario deberá hacer frente a los multimillonarios costes públicos de las medidas de rescate, pero deja las manos libres a los estados para aumentar la presión fiscal. La vicepresidenta segunda de Economía y Hacienda del Gobierno español, Elena Salgado, afirmó que mantendrán el fondo de garantía de depósitos de las entidades financieras españolas para hacer frente a eventuales crisis, aunque abrió la puerta a ampliar la base gravada, limitada ahora a los depósitos. Defendió la apuesta europea por una tasa bancaria que evite que haya que rescatar más bancos con dinero de los contribuyentes y elogió el modelo español, porque el fondo es sufragado por el sector de forma proporcional y está disponible para todas las entidades.

El sector financiero español ha recibido más de 61.000 millones de las arcas públicas en los últimos dos años, mientras de las arcas públicas se han recortado los gastos a los empleados, a la Educación, a la Sanidad y se les ha congelado las pagas a los pensionistas y, además, para afrontar el incremento del déficit, provocado por el trasvase de dinero público al sector bancario, a partir de julio sube el IVA, con lo que las rentas más bajas se verán más perjudicadas.

Aunque no hay consenso en el G-20, los países europeos ya han acordado establecer una tasa bancaria. En este sentido, Elena Salgado garantizó que el Estado español no abandonará el fondo de garantía de depósitos, aunque sí podría adaptarlo para que no se calcule solo en base a los depósitos, sino también con otros pasivos, como «las emisiones o los productos interbancarios», según informó Efe.

El documento final del G-20 confirma la existencia de «diferentes planteamientos» para hacer que la banca «contribuya de manera justa y sustancial» a su propio rescate, y entre esas opciones figura la implantación de una tasa global. Pero en el debate del comité del G-20 este tema no fue cerrado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió en Toronto que su gobierno insistirá «para que tengamos una tasa bancaria. Es un impuesto del 0,15% durante diez años que aspira a conseguir 90.000 millones de dólares», que se destinarán a compensar a los contribuyentes estadounidenses por el paquete de rescate facilitado a Wall Street al final de la administración Bush.

Dentro del G-20 se han puesto de manifiesto las diferencias que hay entre los países emergentes y el resto, pero también entre los más desarrollados. La tensión entre Estados Unidos y Europa fue elevada, según las agencias informativas. Porque el G-20 reconoce que durante los próximos años el crecimiento económico será lento en muchos países desarrollados.

Deuda y recesión

Washington, según destacó la agencia Reuters, teme que la campaña de Europa por reducir la deuda después de la recesión «interrumpa la recuperación, una preocupación que también expresaron otros líderes del G-20, incluido el primer ministro de India, Manmohan Singh. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que entendía la presión a la que se enfrentan las finanzas públicas para regresar a un camino sostenible, pero pidió a los líderes del G-20 que fueran conscientes de quién se llevaba la mayor parte de la carga. Los líderes de los países más desarrollados anunciaron un esfuerzo para reducir a la mitad el déficit del sector público dentro de tres años y estabilizar la deuda de los Gobiernos para 2016, pero además reconocen que el proceso se producirá a diferente ritmo entre países, según el comunicado final. Acordaron en Toronto que se ponga en marcha una consolidación fiscal «diferenciada y ajustada» a las circunstancias de cada estado, según confirmó y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se posiconó a favor de la misma.

El tema de la austeridad fiscal ha provocado tensiones en la declaración final de Toronto, que hasta ese último momento había dado muestras de una gran cohesión y que actuó al unísono a la hora de implementar medidas de estímulo económico para salir de la crisis.

Estados Unidos y los países emergentes abogaron por mantener ciertas medidas para reactivar la economía y advirtieron que la repentina retirada de los paquetes de estímulo que se aprobaron durante la crisis «podría frustrar la todavía frágil recuperación».

Europa, por su parte, considera que el tiempo de los estímulos ha pasado y ha llegado ya el momento de la austeridad fiscal. Sin embargo, el Gobierno español mantendrá activo el fondo de garantía de depósitos.