C ada día que pasa estoy más convencida de que terminarán por hacer una ley-listado con decenas de miles de nombres de ciudadanas (y ciudadanos, claro) vascas y un enunciado tan simple como: «No tienen derechos y punto pelota». La verdad es que no les falta mucho para ello.

Ahora quieren ampliar los preceptos de la Ley de Partidos para evitar a toda costa que los independentistas tengan la representación que quiera otorgarles el pueblo soberano (contradictio in terminis: el pueblo vasco no es soberano).

Y las terminales mediáticas del nacionalismo español más fanatizado se las prometían más que felices.

El editorialista de «El Mundo» se felicitaba especialmente por los objetivos que conseguirán alcanzar con esta nueva fechoría y adelantaba que servirá «para impedir que pueda repetirse la situación de un lehendakari elegido por los parlamentarios de un partido ilegalizado, como ya sucedió con Ibarretxe». Y es que a tal fin han habilitado lo que llaman «incompatibilidad sobrevenida», por la que se retirará el acta a cualquier diputado o concejal «si en un plazo de quince días no rechaza expresamente los atentados». Y a la hora de las felicitaciones, «El Mundo» premia a PSOE y PP porque «han cumplido con su obligación de defender el sistema democrático». ¡Qué sabrán éstos de democracia!

También el de «El Correo Español» mostraba su satisfacción y sentenciaba que «es coherente que la eventual colonización de las candidaturas de una formación legal por parte de miembros significados de una organización ilegalizada permita anular las citadas listas sin que se ponga en cuestión la legalidad de la sigla que las presente». ¡Tiene bemoles que nos hablen de colonización!

Pero no lo tiene tan claro es lo que toca a la llamada «incompatibilidad sobrevenida». La chapuza debe parecerle demasiado evidente y por eso, tras constatar que «suscita dudas en cuanto a su constitucionalidad», señala que las tales dudas «deberían solventarse en lo posible durante la tramitación parlamentaria de la reforma». Lo mejor es que, a modo de prueba, propone «comprobar racionalmente» la mala intención de los candidatos. ¿Y eso cómo se mide?