Portavoces de los 23 empleados de este servicio público informaron ayer, en rueda de prensa, de la situación en que queda la atención jurídica a inmigrantes, tras el cierre «unilateral» y «chabacano» de las oficinas de este servicio, dependiente del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, decretado por los responsables de Lakua.

Esta decisión de la consejería que dirige Gemma Zabaleta supondrá, según revelaron, el despido de los 23 trabajadores de las oficinas de Bilbo, Donostia y Gasteiz, entre abogados y personal administrativo, y la paralización de la tramitación de los alrededor de 34.000 expedientes de asesoramiento jurídico a otros tantos inmigrantes que gestionaba dicho servicio.

Los representantes de los empleados de Heldu señalaron que la desaparición de este servicio público, que el departamento de Zabaleta pretende que sea prestado a partir de ahora por las ONG de atención a inmigrantes, supone «un retroceso en la prestación de servicios públicos, del Estado del Bienestar y del Estado de Derecho».

«Con el cierre de Heldu -agregaron-, los inmigrantes van a quedar en manos de bufetes y `chiringuitos' jurídicos privados, que ahora van a florecer, y que conllevará la generación de `mafias' que se aprovechen de la especial vulnerabilidad de este colectivo». Denunciaron también que el cierre de Heldu no supondrá ningún ahorro a las arcas públicas, ya que el dinero que servía para financiar el servicio público «ahora se va a repartir entre entidades privadas».

Los trabajadores han propuesto a la consejera hacerse cargo de la gestión del servicio en régimen de cooperativa sin ánimo de lucro, o que se adscriba a otro servicio público o departamento del Ejecutivo de Lakua, sin que hayan recibido ninguna respuesta a estas ofertas.

Respecto a los expedientes de inmigrantes que se tramitaban en sus oficinas, los empleados de Heldu manifestaron ignorar qué ocurrirá con ellos y animaron a los usuarios a retirarlos antes de que el Gobierno de Gasteiz se haga cargo de ellos el próximo 16 de julio.

Los trabajadores anunciaron que van a llevar a cabo movilizaciones y distintas acciones legales y parlamentarias para evitar el cierre de este servicio que, además, deja sin consultoría jurídica a los empleados de los servicios de asistencia social de los ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que lo utilizaban para orientar a los inmigrantes que se acercaban a sus oficinas.

El servicio autonómico de atención jurídico-social gratuita a inmigrantes, Heldu, fue creado en otoño de 2002 por el Departamento de Asuntos Sociales, entonces dirigido por el coordinador general de Ezker Batua, Javier Madrazo, y en sus ocho años de existencia ha prestado asesoramiento a cerca de 34.000 inmigrantes en situación ilegal o de exclusión social. Los trabajadores llevan ya varias semanas denunciando el caso ante la opinión pública.