«Después de cuatro largos años de lucha, podemos gritar el día de hoy: ¡Son libres... lo conseguimos!», exclamó Trinidad Ramírez, dirigente del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) al conocer que sus doce compañeros presos bajo la acusaciones de secuestro de policías durante los disturbios ocurridos en mayo de 2006 en la localidad de San Salvador Atenco -en el central Estado de México, cercano al Distrito Federal-, serían puestos en libertad, informó el diario mexicano «La Jornada».

La primer sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el miércoles [madrugada de ayer en Euskal Herria] la «inmediata liberación» de los doce integrantes del FPDT al considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de «premisas falsas y endebles», además de que utilizó «pruebas ilícitas» para imputarles el delito de secuestro equiparado.

Entre los doce activistas presos está Ignacio del Valle, dirigente del FPDT condenado a 112 años de cárcel y a quien la Corte otorgó la libertad por mayoría, mientras que en los otros once casos lo hizo por unanimidad.

La decisión judicial asesta, además, un duro golpe a las autoridades del Estado de México, a las que reprocha que actuaron contra el FPDT «partiendo de una ideología totalitaria» para dictar las condenas de una forma «maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser opositor», afirmó el juez Juan Silva Meza en nombre de los cinco magistrados.

«Teníamos la razón, siempre la tuvimos. Ninguno de nuestros 12 compañeros presos merecía estar privado de libertad. Se trata de campesinos, maestros y estudiantes que fueron recluidos por la acción concreta del poder federal y del Estado de México», insistió Ramírez, quien afirmó que la libertad de sus compañeros «es un triunfo de todos».

Los hechos se remontan a mayo de 2006, cuando un grupo de activistas del FPDT y adherentes a la Otra Campaña del EZLN participaban en una protesta pacífica contra la edificación de un aeropuerto y fueron reprimidos duramente por la Policía. El saldo fue de dos jóvenes muertos, numerosos heridos y más de 200 detenidos, decenas de ellas mujeres que denunciaron haber sufrido violaciones y abusos sexuales por parte del Ejército y la Policía Federal Preventiva.

Hasta hoy no se han depurado responsabilidades en los ámbitos estatal o federal en relación a las muertes y las violacio- nes ocurridas entonces.