Arropados por la Liga de Derechos Humanos (LDH) y en presencia de su presidente Jean-Pierre Dubois, Anaiz Funosas, miembro del colectivo Jon Anza y los abogados Xantiana Cachenaut y Julien Brel comparecieron ayer, en París, junto a la compañera y hermano del militante donostiarra y dieron a conocer que el pasado 18 de junio enviaron una carta a la Ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, instándole a que abra una investigación interna en los servicios de la fiscalía de Baiona.

Tras personarse como acusación particular, los abogados de la familia han podido tener acceso a algunos elementos de la investigación preliminar y se han percatado de que la fiscal Anne Kayanakis, encargada del caso, no llevó a cabo las pesquisas que pueden considerarse pertinentes en Toulouse.

Brel afirmó que «no hay traza de actos de investigación» que se hayan realizado en la capital occitana lo que, dado que desde el principio se conocía el destino de Anza, resulta, cuando menos, «inexplicable».

Según el letrado, existen numerosos comprobantes de que se requirió información a los centros hospitalarios situados en el trayecto desde Baiona a Toulouse así como de las respuestas recibidas. Sin embargo, las peticiones de información se paran en Saint Gaudens y ningún centro hospitalario de Toulouse fue interpelado.

Purpan hizo lo que debía

Es más, han constatado que el hospital Purpan (centro donde fue ingresado Anza y donde falleció) cumplió con el protocolo establecido en los casos de personas no identificadas y alertó a los servicios policiales, judiciales y de personas desaparecidas e, incluso, dio orden de no inhumar el cadáver a la espera de que fuera identificado.

El propio hospital, a través de un responsable del Centro Hospitalario Universitario (CHU) en el que está integrado, ha confirmado que nunca recibieron requerimiento alguno de la fiscalía de Baiona y que, de hecho, «tampoco han hallado ninguna traza documental» de tales peticiones.

Los abogados están, asimismo, extrañados por la ingente cantidad de documentos e informes de la investigación preliminar pero, sobre todo, porque de las cerca de 1.000 hojas, más de la mitad se refieren a búsquedas efectuadas en aeropuertos y compañías aéreas. Este hecho les ha llevado a pensar que Kayanakis priorizó la tesis lanzada por Pérez Rubalcaba, a la que más tarde se alineó Alliot-Maire, de que Anza «se habría fugado con el dinero».

«Las actuaciones que debían haberse realizado no se han hecho y, en cambio, se han centrado en las que no tenían sentido» añadió el letrado de la familia antes de afirmar con rotundidad que no se contentarán con la versión de las disfunciones ni tampoco con que la ministro de Justicia se limite a no contestar a su interpelación de investigación interna. «Exigimos una respuesta a Alliot-Marie. No aceptaremos la callada por respuesta», apostilló.

Xantiana Cachenaut insistió también en la exigencia de la familia para que se aclare lo sucedido. «Todo el procedimiento ju- dicial es un cúmulo de disfunciones lo que nos conduce a pensar que, sólo una razón de estado podría justificarlas. No podemos descartar ninguna hipótesis, ni tampoco la de que los sucesos del hotel Adagio, de donde salieron precipitadamente los guardia civiles, no tenga nada que ver con el caso. La familia espera que ahora que la investigación está en manos de una juez, como llevábamos meses pidiéndolo, se investigue realmente, haya transparencia total y se haga la verdad sobre la desaparición, sobre lo sucedido y sobre su muerte», añadió.

Una vez que Funosas efectuara la recapitulación de los hechos y de los elementos claves del dossier, tomó la palabra el presidente de la LDH que explicó las razones que han conducido al organismo de defensa de derechos humanos a implicarse en el caso Anza. Recordó que la LDH se creó hace 112 años como consecuencia de «otro asunto turbio, el caso Dreyffus» y que, desde entonces permanecen «atentos sobre los riesgos de desvío y de que no se haga justicia».

Para Dubois, en el caso Anza hay un número impresionante de elementos que hacen plausible cualquier duda. De hecho, coincidió con los abogados de la familia en que, «mientras la autoridad judicial no aclare lo sucedido, todas las hipótesis siguen abiertas» por lo que instó a la ministra de Justicia a que «cuanto antes, aclare los hechos y fallos habidos, incluso en su propio seno».

Incomprensible

Dijo no entender por qué los servicios judiciales y policiales no han sido más diligentes, máxime cuando «existen precedentes graves de otras desapariciones en las que los servicios secretos de un país vecino han estado implicados».

Para Dubois es «incomprensible» por ejemplo, que habiendo sido depositados el pasaporte y las recetas de Anza en la Oficina de Objetos Perdidos en la misma época en que se denunció la desaparición, no se hubiera investigado y que, ademas, no se sepa quién fue el policía que entregó los documentos en dicho servicio. Tampoco entiende que unos guardia civiles «olviden» sus armas o que no se aclare lo que hacían en Toulouse por esas fechas. «Es demasiado. No prejuzgo nada pero algo grave sucedió. Anza no era cualquiera. Era un militante conocido por la Policía. Todo esto demuestra que en casos de fondo político en el que hay intereses, no se aplica el artículo 6 de la constitución que establece que la ley es la misma para todos. Es evidente que en este caso no ha sido así», declaró.

Por su lado, Kayanakis manifestó, ayer tarde, que sí se preguntó en Toulouse y también en Burdeos, «aunque en el listado no figuren las direcciones y números de fax» de esos centros.