El próximo 15 de julio comenzará el juicio contra Udalbiltza en la Audiencia Nacional española. Los imputados en esta causa denunciaron ayer mediante una nota que su derecho a la defensa ha sido limitado «drásticamente» por el tribunal especial. La Sala presidida por el juez Javier Gómez Bermúdez ha recortado «significativamente» los elementos que los abogados de los encausados pretendían plantear para su defensa.

En concreto, según detallaron, el tribunal sólo ha admitido 20 de los 140 testigos propuestos por la defensa. Destaca el veto impuesto por la Audiencia Nacional a todos los representantes del ámbito internacional que iban a ser citados.

El tribunal no ha admitido a testigos como Pete Cenarruza -ex senador de EEUU por Idaho-, Verena Graf -secretaria general de la Liga por los Derechos y la Liberación de los Pueblos-, Lloyd Quinan -parlamentario del SNP escocés-, Johan Mikkel Sara -vicepresidente del Parlamento sami-, el sacerdote irlandés Alec Reid y representantes de las Euskal Etxea de Latinoamérica cuyo cometido era explicar las relaciones establecidas con Udalbiltza.

Ha negado también la presencia de representantes de cargos municipales de distintos partidos políticos, que pretendían explicar cómo se creó Udalbiltza desde bases plurales y democráticas en la asamblea celebrada en setiembre de 1999 en el Palacio Euskalduna de Bilbo. Casi 2.000 cargos electos de toda Euskal Herria, entre los que se encontraban ediles de PNV, EA, EH, AB e independientes, dieron su apoyo al nacimiento de la primera institución nacional vasca.

También ha vetado a representantes de agentes sociales, culturales, educativos o deportivos vascos que pretendían dar cuenta del trabajo conjunto realizado con Udalbiltza, como Euskaltzaindia, Ikastolen Elkarteak, Kontseilua, Elhuyar Fundazioa, AEK, UEU, ESAIT, Ikas Pilota, EHKME (Euskal Herriko Klimatologia eta Meteorologia Elkartea), Gerediaga Elkartea y Orreaga Kultur Elkartea, entre otros.

Tampoco podrán testificar zuberotarras que pretendían explicar el proyecto de desarrollo económico y social «Zuberoa Garatzen», ni personalidades de la cultura vasca que iban a exponer las razones y el modo en que solicitaron la tramitación del EHNA.

Además, el tribunal no ha admitido ninguna prueba documental de las 165 solicitadas y ha rechazado las dos pruebas periciales que había pedido la defensa de los encausados, que consistían en informes elaborados por cualificados profesores y catedráticos de la UPV sobre «Antecedentes y procesos de creación de organismos supramunicipales y colaboración transfronteriza en Euskal Herria» y sobre «Cuestiones relativas al Consorcio y Udalbiltza».

«Un despropósito más»

Los procesados consideran que la decisión del tribunal es «un despropósito más en la larga cadena que arrancó hace ya más de siete años» con la operación contra la primera institución nacional vasca y que «acabará con la celebración de un juicio que nunca debió celebrarse».

Creen que la decisión judicial, que es firme, además de «entorpecer gravemente nuestras posibilidades de defender lo que es de público conocimiento en Euskal Herria, va a impedir mostrar diferentes aspectos del trabajo de Udalbiltza».

Según denunciaron, el proceso se ha gestado sobre una versión «interesada», impulsada por el Gobierno español y que hoy en día es sostenida por el Ministerio fiscal y la asociación ultraderechista Dignidad y Justicia. En su opinión, la causa abierta «deforma la verdadera naturaleza y carácter» de Udalbiltza «inventando un relato fantástico» para ocultar que miles de cargos municipales participaron en el nacimiento y desarrollo de esta institución.

Frente a ello, resaltaron que la opinión mayoritaria en Euskal Herria es bien distinta debido al «conocimiento directo» de la realidad política e institucional y recordaron que la mayoría política, sindical y social de esta sociedad se ha posicionado en contra de este juicio y en favor de la absolución de los encausados.

22 ciudadanos y ciudadanas vascas se sentarán la semana que viene en el banquillo de los acusados. Se enfrentan a penas de entre 15 y 10 años acusados de «integración» en ETA y «malversación de fondos públicos». Entre ellos se encuentran cuatro antiguos alcaldes y 15 concejales. El jueves que viene se llevará a cabo la primera vista y continuará el viernes. La semana siguiente también se celebrarán dos sesiones los días 22 y 23 de julio y después quedará aplazado hasta el mes de setiembre.