Los colectivos MDM, Bizigay, EHGAM Bizkaia, Euskalhartzak, Emakin, Garaipen, Ala-Ala y Queer Ekintza demandan en la alegación que presentaron el pasado martes que se suprima el artículo 16 de la ordenanza del Uso del Espacio Público del Consistorio bilbaino, al considerar que se impone en dicha normativa «un claro ejercicio de abuso de poder que vulnera los acuerdos de convivencia, respeto a la diversidad, libertad sexual y justicia». Es más, estiman que la polémica normativa «atenta» contra los fundamentos constitucionales españoles «y pone en riesgo los principios que sustentan la democracia».

Los grupos defienden que el citado artículo 16 castiga, penaliza y prohíbe cualquier expresión afectivo-sexual en el espacio público, lo que, tras largos años de lucha de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales para que se visibilice socialmente su realidad, viene a suponer volver a tiempos pretéritos. «Las expresiones afectivas y sexuales son totalmente legales, y cualquier persona que, influenciada por su prejuicios, se sienta moralmente afectada -subrayan en sus alegaciones-, tiene la opción de evitar mirar, respetándose así todas las libertades».

Puntualizan que, de refrendarse la normativa en los términos actuales, supondría por ejemplo la prohibición del cruising del colectivo gay en Bilbo, «coartando así gravemente las libertades de este colectivo».

Para estos organismos, los redactores de la ordenanza tienen una concepción errónea y negativa del sexo «como algo sucio, prohibido que habría que realizar a escondidas». Asimismo, les preocupa que la interpretación la vaya a hacer cualquier policía municipal que se puede dejar llevar por su transfobia, lesbofobia y homofobia, partiendo de que se pretende regular acerca de una libertad fundamental como es la sexualidad, «para lo que los ayuntamientos no tienen competencia».

Además, se incide en que el llamado acuerdo sexual, llamado prostitución, no consta como delito en el Código Penal español, criticando que los responsables municipales no muestran intención de luchar contra los proxenetas en cualquiera de sus formas. «Esta normativa se centra en penalizar lo no delictivo, o sea, el acuerdo sexual legítimo, entrometiéndose en dicho acuerdo«, manifiestan los colectivos de gays, lesbianas, transexales y bisexuales en su alegato.