La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y los senadores republicanos por este Estado, John Mc Cain y Jon Kyl, han arremetido contra Obama tras la interposición de un recurso contra la ley local de inmigración que, entre otras cosas, permitiría detener a cualquier extranjero sospechoso de carecer de papeles.

El Departamento de Justicia interpuso una demanda legal contra Arizona en un intento de suspender la entrada en vigor de la ley SB 1070, el 29 de julio.

El recurso insiste en que la ley es inconstitucional, ya que la Carta Magna otorga competencia exclusiva al Gobierno federal sobre asuntos de migración.

Asimismo, la demanda argumenta que la ley afectará a intereses vitales de política exterior y de seguridad nacional al condicionar la relación de EEUU con México y otros países.

Señala, asimismo, que «provocaría el desvío de recursos de seguridad pública local y causaría la detención y el hostigamiento de visitantes autorizados, inmigrantes y ciudadanos». El recurso no hace mención alguna al racismo de la ley.

Esta circunstancia fue recibida con satisfacción por la gobernadora de Arizona, quien pese a ello no ahorró calificativos para denunciar el recurso. «Arizona está siendo atacada por la violencia de los cárteles mexicanos que trafican con drogas e inmigrantes. Y ahora estamos siendo atacados en los tribunales por el presidente Obama y su Departamento de Justicia», denunció.

«Seguridad en la frontera»

Brewer calificó la demanda como «un enorme desperdicio del dinero de los contribuyentes» que podría «haber sido mejor utilizado en combatir a los cárteles» e instó al Gobierno a anteponer la creación de «condiciones de seguridad en la frontera».

Similar fue el argumento utilizado por los senadores Kyl y McCain, este último perdedor ante Obama en las presidenciales del otoño de 2008. «El pueblo americano debería preguntarse si la Administración Obama está realmente decidida a asegurar la frontera cuando persigue a un Estado que busca simplemente proteger a sus habitantes haciendo respetar una ley sobre inmigración».

Por contra, las organizaciones de derechos civiles saludaron el recurso y mostraron su esperanza de que siegue la hierba bajo los pies de los dirigentes de otra quincena de estados que estudian aprobar legislaciones similares a la de Arizona.

Recordaron, no obstante, que sólo una reforma migratoria integral podrá resolver el problema de fondo.

Obama, quien mostró su oposición a la ley desde su aprobación en abril, se juega mucho con este recurso interpuesto casi en el tiempo de descuento. Este tipo de iniciativas suelen ser consideradas en EEUU como una intromisión de la autoridad federal en los estados y perder el recurso tendría el efecto contrario, a saber, multiplicar este tipo de iniciativas «locales» que están medrando aprovechándose precisamente del vacío legal.

Obama defendió la semana pasada en un discurso histórico la necesidad de acometer una reforma del sistema de inmigración con el necesario consenso con los republicanos. Estos últimos no parecen por la labor y tdo apunta a que alimentarán la campaña a las elecciones de medio mandato de noviembre con la retórica que identifica inmigración y frontera con México con la amenaza. Así, consideran insuficiente la promesa de Obama de incrementar con 600 millones de dólares y 1.200 soldados de la Guardia Nacional el control de la frontera.

Los demócratas, por su parte, albergan esperanzas de que la polémica en torno a Arizona ayudará a movilizar a la cada vez más crítica y decisiva base electoral latina. Recientes estudios apuntan a que, en 2050, la población blanca dejará de ser mayoría y rondará el 46%. Los latinos doblarán su población, del 15% actual al 30%.