Iberdrola insiste en que ACS no puede entrar al consejo por ser competencia
La repercusión de un sillón en el consejo de Iberdrola es importante para ACS, que se considera perjudicada por la decisión de la Junta General de la eléctrica vasca, porque supone una pérdida supuesta de 3.927 millones, mientras que la entrada de un consejero por ACS para Iberdrola supondría, si el juzgado suspende de forma cautelar la decisión del 81% los accionistas, una pérdida de 1.400 millones y la presencia de la competencia en el centro de decisión.
Juanjo BASTERRA |
La batalla abierta entre ACS e Iberdrola por mantener un miembro en el consejo de administración de la eléctrica vasca derivó, sobre todo, en una cuestión económica en el juicio abierto ayer en Bilbo. Iberdrola aseguró que la pérdida ascendería a 1.400 millones de euros en un año, mientras que ACS cuantificó la pérdida económica en 3.930 millones, porque no podría consolidar esas cantidades en las operaciones. La iniciativa de la compañía que preside Florentino Pérez es conseguir que el juez declare de forma cautelar la suspensión de los acuerdos de la Junta General de accionistas del pasado 26 de marzo para lograr la presencia de un consejero en Iberdrola.
Llamó la atención que en ningún momento se escuchó por parte del equipo de abogados de la entidad que preside José Ignacio Sánchez Galán, que el mayor peligro de la entrada de ACS en el consejo de administración de Iberdrola no es sólo que pueda optar a un control de la compañía si logra controlar el 20% del capital -como era su pretensión inicial, aunque lleva atascado unos años en el 12%-, sino el interés de Pérez por trasladar la sede social a Madrid.
Este hecho sí constituye el argumento principal que movió a los accionistas de Iberdrola, en la Junta General del 23 de marzo en el Palacio Euskalduna, a aprobar primero la plaza vacante del consejo a José María Loizaga, representante de Residencial Monte Caramelo, filial de ACS, y seguido despojarle de ese puesto al ratificar la propuesta de la compañía de que el consejo de administración pasara de quince a catorce representantes.
ACS sostuvo que esa decisión era irregular y pidió que se suspendiera de forma cautelar hasta que haya terminado el proceso judicial, que será largo. A juicio del representante legal de ACS, José Antonio Gainzo, la decisión impide al accionista más representativo tener un puesto en el consejo. Según aseguró, la no presencia del consejero del grupo ACS genera unos prejuicios económicos de 800 millones de patrimonio neto en 2010, de 97 millones menos de resultados económicos, otros 1.130 millones en capitalización bursátil de ACS y 1.720 millones de capacidad de endeudamiento, así como la posibilidad de obtener una rentabilidad anual de 180 millones. Todo ello supone un total de 3.927 millones.
La representante legal de Iberdrola, Arantxa Estefanía, aseguró por su parte que no se puede otorgar esa presencia, porque los accionistas así lo entendieron y porque ACS es un competidor directo de Iberdrola. «Sería meter un `Caballo de Troya' en el consejo de administración» precisó, y dijo que el perjuicio de la medida cautelar ascendería a 1.400 millones, porque no podría llevar adelante operaciones de inversión y desarrollo de actividades para que no fuesen conocidas por la competencia.
El juez de lo Mercantil número 1, Marcos Bermúdez, centró la discusión en la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses y de competencia entre las empresas. Para el lunes aseguró que tendría el fallo, aunque ambas partes advirtieron de que agotarán todos los recursos, que podrían durar un año.
Florentino Pérez lleva tres años intentando entrar en el consejo de administración y controlar Iberdrola, y además en diferentes ocasiones ha mostrado su intención de alcanzar hasta un 20%, aunque, al final, el coste de la operación ha impedido dar el salto del 12% actual al 20%.
Según dijo su representante en la vista judicial, «una empresa que ha puesto 5.000 millones en la compra de acciones está para quedarse y trabajar por su futuro». Lo que está claro es que la crisis económica afectó a las cuentas del grupo constructor. Por eso, diseñó diferentes estrategias, una de ellas aliarse con la eléctrica EDF para intentar controlar el consejo de administración. También falló.
La defensa de Iberdrola recordó ayer durante el juicio que «la agrupación de acciones que ACS logró parar la junta general para que fuera nombrado el consejero, que después fue destituido por decisión de los accionistas» y, como explicó la representante legal de la eléctrica, Arantxa Estefanía, «esas acciones están pignoradas y es previsible que esa falta de acreditación de la vigencia de la agrupación se deba a razones financieras». También rechazaron que ACS «nunca ha impugnado acuerdo alguno del consejo de administración» y recordó que la demanda que presentó «lo hizo fuera de plazo de los cuarenta días».
Sin embargo, la defensa de ACS asegura que esos extremos nada tienen que ver, puesto que el juez admitió a trámite la medida cautelar y afirma que «en modo alguno somos competencia, si se tienen en cuenta los resultados de facturación en ingeniería y energías renovables, que es lo que hay que contabilizar». Juanjo BASTERRA
