Tras la contundente sentencia sobre el caso «Egunkaria» algunos de los conversos al garantismo han defendido públicamente que los despropósitos judiciales conocidos en este tipo de macrosumarios -los mismos que hasta conocer la sentencia sobre el diario ellos mismos nunca habían denunciado- cesarían de inmediato. Los más cautos plantearon que el caso Udalbiltza, debido a la multitud de similitudes que guarda con el del periódico en euskara, podía ser la prueba de fuego en la que se probase si lo ocurrido con «Egunkaria» era una excepción motivada por razones políticas -razones igual de políticas que las que llevaron a la apertura de todos los sumarios contra organismos políticos y sociales vascos- o si realmente se establecía una nueva «doctrina». Las noticias al respecto no pueden ser más negativas. Además de la persistencia de la acusación fiscal, ayer se supo que el tribunal ha denegado el testimonio de 120 de los 140 testigos presentados por la defensa, no ha admitido ninguna prueba documental de las 165 solicitadas y ha rechazado las dos pruebas periciales. Algo que supone una indefensión inaceptable desde un punto de vista puramente jurídico.