La disputa de poder interno que mantienen la mayoría del accionariado de Iberdrola, por un lado, y la empresa de Florentino Pérez, ACS, por otro lado, vivió ayer un nuevo capítulo con la apertura de una vista judicial en el Palacio de Justicia de Bilbo. ACS ha pedido que se suspendan cautelarmente los acuerdos de la Junta de Iberdrola que impugnó y que impidieron su entrada en el Consejo de Administración. Durante la vista de ayer los abogados de las partes se dedicaron a desglosar los costes que una y otra decisión tendría para sus respectivas arcas.

Los representantes de Iberdrola centraron sus argumentos en el hecho de que ACS es «la competencia» y que su presencia en el Consejo condicionaría sus planes de desarrollo, al ser instantáneamente conocidos por ésta. Los representantes legales de Pérez defendieron que su participación les da derecho a formar parte del Consejo y que su inversión es reflejo del compromiso con el proyecto de la eléctrica.

Ninguno mencionó uno de los elementos centrales de la disputa: la pretensión atribuida a ACS de cambiar la sede social de Iberdrola a Madrid. Éste es, al menos públicamente, el argumento que esgrimen los actuales directivos de la eléctrica. No obstante, visto desde fuera, la disputa no deja de ser una pelea entre tiburones por una mayor cuota de poder.