Izaskun Cebrián, Fermín Irigoien y Ezekiel Martín, ediles de la izquierda abertzale en Berriozar, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional española enfrentándose a una petición fiscal de 18 meses de cárcel y diez años de inhabilitación por el lanzamiento del chupinazo que dio inicio a las fiestas del pasado año y que delegaron en el kiliki negro de la comparsa de gigantes y cabezudos del pueblo. El juicio, que quedó visto para sentencia ayer mismo, «nada tuvo de base objetiva y mucho de elucubraciones», según denunció la defensa de los navarros.

Amaia Izko, que ejerció de letrada y solicitó la libre absolución para sus clientes, aseguró en declaraciones a GARA que en la vista celebrada ayer se evidenció «el afán de juzgar y castigar» a estos tres concejales independentistas; «lo hacen además cueste lo que cueste», apostilló.

Consideró el caso como «una pataleta política» provocada porque el Ayuntamiento de Berriozar, liderado por NaBai, propuso en un primer momento que fueran los concejales de la izquierda abertzale, por riguroso orden de lanzamiento, los que prendieran el chupín. En este sentido, Izko denunció ante el juez que los tres ediles están encausados porque «no gusta lo que hacen y no porque hayan cometido ningún delito».

El delito por el que el tribunal especial pretende hacer pagar a estos tres ediles es «exaltación del terrorismo», acusación que fue defendida con ahínco por el representante del Ministerio Público español.

Sin embargo, si se desgrana la grandilocuente acusación nos encontramos con acusaciones concretas que, en el caso de Ezekiel Martín, no van más allá de portar una banderola en favor de la repatriación de los presos políticos vascos, así como entregar posteriormente un pañuelo y un ramo de flores a un familiar de un preso político del municipio navarro.

A la AN por tocar el «txistu»

Fermín Irigoien, por su parte, está acusado de tocar el txistu durante la concentración que se realizó tras el chupinazo. La imputación concreta es la de interpretar un «aurresku de honor» en recuerdo a los vecinos de Berriozar que están presos por motivaciones políticas.

Los ediles no negaron las acusaciones que pesan sobre ellos, pero insistieron en que el objetivo del brindis posterior al chupinazo era mostrar «su cariño y solidaridad a los familiares de los presos políticos vascos por su complicada situación».

La Fiscalía, personada por Pedro Rubira, siguió insistentemente señalando como prueba de «exaltación a ETA» que en el transcurso del chupinazo un edil mantuviera su brazo izquierdo alzado o que se abrazara al kiliki negro.

Banderola, una novedad

Según la teoría lanzada por la Fiscalía, la más que conocida banderola que se pueden ver desde hace años en los balcones de viviendas solicitando la repatriación de los presos vascos es la sucesora de las fotografías de los presos. «Antes utilizaban fotos y anagramas, y ahora esas pancartas y también antes admitían que ensalzaban a los terroristas y ahora dicen que es a las familias», protestó Rubira.

El juicio celebrado ayer es el último capítulo de la campaña de criminalización puesta en marcha por UPN y PSN contra los tres concejales de la izquierda abertzale hace ahora un año.

El mero cumplimiento de un antiguo acuerdo para repartir el lanzamiento del chupinazo por turnos, otorgaba, el pasado año, ese derecho a los ediles de la izquierda abertzale. La dura campaña política y mediática hizo, sin embargo, que los ediles de la izquierda abertzale delegaran su derecho en el kiliki negro de la comparsa de gigantes y cabezudos del pueblo. Además, la masiva asistencia de vecinos a este chupinazo contrastó con el fracaso del cohete alternativo orquestado por UPN y PSN, que tampoco quedaron complacidos con que el lanzamiento quedara en manos del kiliki.

El Gobierno de UPN se implicó de lleno en este asunto, hasta el punto de que envió a la Policía Foral para vigilar expresamente a los concejales independentistas.

El expediente abierto por los agentes policiales tuvo repercusión judicial apenas dos meses después, cuando los tres ediles fueron llamados a declarar a la Audiencia Nacional. El alcalde de Berriozar, Xabi Lasa (NaBai), también tuvo que declarar por este asunto.

El proceso judicial siguió su curso hasta conseguir sentar a los tres ediles en el banquillo.