Ayer llegaron a Madrid los siete primeros disidentes cubanos excarcelados por el Gobierno de la isla tras las conversaciones mantenidas por el Gobierno de La Habana con la Iglesia católica. Se deshacía así el primer lazo de un fuerte nudo creado en torno a un colectivo de 52 encarcelados -condenados por trabajar para EEUU, no conviene olvidarlo- cuya situación se había convertido en el ariete utilizado por Washington y los gobiernos europeos, con el apoyo de los principales grupos internacionales de comunicación, para tratar de desestabilizar al Ejecutivo de Raúl Castro.

Durante años y lejos de aflojarse, el nudo fue apretándose merced a, por un lado, el incremento de la violenta presión externa y, por el otro, a la firme determinación del Gobierno cubano de no ceder a un chantaje ilegítimo. En este contexto se produjo la muerte en el curso de una huelga de hambre de Orlando Zapata, un preso que se había sumado a la estrategia de protestas del colectivo encarcelado. Este hecho, sumado al ayuno pretendidamente «a muerte» de Guillermo Fariñas, planteaba un reto al Gobierno revolucionario. Ese mismo Gobierno ha dado, otra vez, muestras de su disposición al diálogo y de su responsabilidad, al abrirse a la mediación de la Iglesia católica y a una solución satisfactoria en términos humanitarios. Un movimiento en el tablero que ha tenido la indiscutible virtud de descorrer las cortinas de la manipulación y despojar de falsos argumentos a quienes, desde dentro pero sobre todo desde fuera de la isla, insisten en apostar por la presión y la criminalización en un intento de negar el futuro a Cuba forzando su regreso al pasado.

Es la sociedad cubana la que tiene ante sí el reto de decidir su porvenir, pero ha de hacerlo con plena soberanía, sin injerencias externas y contando con la participación de todos sus ciudadanos. Incluso los disidentes, pero con su peso real y no sobredimensionado por la la lente distorsionada de la propaganda mediática internacional.