El Juzgado de lo Mercantil número uno de Madrid rechazó ayer la petición de Iberdrola de incluir cautelarmente la demanda de impugnación de las cuentas de ACS.

Como medida de precaución, Iberdrola solicitó que su demanda de impugnación se registrase de forma cautelar para «garantizar el resultado y la efectividad del proceso, en la medida en que su mera existencia supone una duda muy razonable sobre los resultados de ACS» del año pasado, según informó Efe.

La contienda entre Iberdrola y ACS comenzó el 26 de mayo cuando la primera solicitó que se anulasen los acuerdos adoptados en la Junta de accionistas de ACS, aduciendo que había infracciones en la normativa jurídico-contable. Concretamente, en la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la gestión del Consejo. Según el auto, la solicitud que hizo Iberdrola se rechaza íntegramente porque no concurren «los requisitos esenciales previstos en la Ley».

A pesar de que Iberdrola está legitimada para hacer la petición, por ser accionista de ACS, el magistrado cree que «no basta con recurrir a argumentaciones genéricas como la simple garantía de terceros».

Además, según el magistrado., aunque la petición progrese, la sentencia dictaría que ACS tendría que volver a reunir a los socios para aprobar las cuentas rectificadas «sin que se comprenda de qué modo habrá de contribuir a garantizar dicha situación la mera anotación de la demanda en el Registro Mercantil».

Informe dudoso

El informe que Iberdrola presentó en mayo como prueba, realizado por el catedrático de economía y contabilidad Ramón Adell y el economista censor jurado de cuentas Gregorio Cabanellas, determina, además de 30 irregularidades de la constructora, que los resultados que presentó ACS son incorrectos y que no reflejan la imagen del patrimonio y la situación financiera de la compañía. Ésto contrasta con la auditoría que la constructora presentó en marzo

En la vista oral celebrada anteayer, Iberdrola denunció un «intento de control contable» por parte de la constructora. Y ésta defendió su derecho de participación en el Consejo de Administración de la eléctrica, en su posición de accionista mayoritario.

Contra la resolución del magistrado Carlos Nieto, se puede interponer un recurso de apelación, que en el caso de presentarse, deberá hacerse en un plazo de cinco días.