En las televisiones norteamericanas, cuando inician en las cadenas generalistas su parte de anuncios, de tele-tienda para entendernos, cuelgan un cartel, una cortinilla de separación que tiene su enjundia. Dice algo así como que el espacio que se emite a continuación es de pago, y que sus contenidos y todas sus repercusiones competen a la empresa que se anuncia. Es un cartel preventivo, una manera de evitarse problemas, porque en otro de los párrafos se indica de manera expresa que si lo que anuncian no se corresponde con la realidad, si hay «publicidad engañosa», ellos, la cadena, el soporte técnico que lo emite, se desentiende y carga todas las responsabilidades jurídicas a la empresa a la que alquila esos minutos de su programación. Es algo que se repite en casi todas las cadenas y eso debe responder a un estado jurídico, legalista, en el que se hayan producido demandas y hayan sido declarados culpables, no solamente las empresas que alquilan sino también las emisoras que lo transportan, que lo emiten.

Lo anterior se corresponde perfectamente con otra tendencia que le causó a este viajero sorpresa. Muchos minutos, en muchas cadenas, con abogados como protagonistas. Es una suerte de espacios publicitarios, donde se presenta un equipo de abogados o un abogado especializado en civil, reciben consultas en directo, contestan, pero siempre está su marca en una de las esquinas de la pantalla, y se repite muchas veces una especie de recomendación a los que participan: si se pasan por su despacho, le estudiarán el caso con mayor detenimiento.

En horarios de máxima audiencia, con todos los formatos, incluso algunos en donde, al parecer, se trata de abogados contratados para cubrir un espacio específico dentro de un magazine, pero que en el fondo es una suerte de propaganda general, crea la necesidad a todos cuantos lo ven de tener abogados, de tener, como previsión, un igualatorio jurídico en un despacho. Se anuncian como remedio para multas de tráfico, retiradas de carné, peticiones de reparaciones económicas, daños causados en accidentes y otros asuntos habituales. Objetivo: judicializar la vida cotidiana.