Resulta muy llamativo el interés en mantener el supuesto espionaje a cargos públicos en el ámbito de la reyerta partidista de Araba. Como también es instructivo observar cómo el PSE lanza los dardos contra el PNV, aunque intentando preservar las alianzas en el territorio, mientras los medios afines van más allá y ponen su diana directamente en Iñaki Gerenabarrena; y todo ello sin que ni unos ni otros muestren especial interés en pedir cuentas a Javier Balza, consejero de Interior cuando los papeles de la Unidad de Información y Análisis se desviaron, supuestamente, hacia el ordenador de un miembro del ABB.

 

Es poco probable, prácticamente increíble, que dos ertzainas por sí solos puedan acumular información personalmente sobre tanta gente. Tuvieron necesariamente que recurrir a datos de otros (policías o no) que realizaran seguimientos y, por lo que se publica, acceder a información que ya se almacenaba en los archivos de la Ertzaintza. Se trata, por tanto, de una trama que afecta de lleno a la Policía autonómica y, más concretamente, a unidades especializadas en la lucha «antiterrorista». ¿Es por eso que nadie parece demasiado interesado en tirar del hilo por ahí y prefieren perderse en batallas partidistas provinciales?

 

A estas alturas, y si han llegado a la constancia de quiénes son los dos agentes implicados y los han apartado del servicio, el Departamento de Interior tiene que tener una radiografía aproximada de cuál es la magnitud del caso. Resulta significativa su opacidad. No vale escudarse en el secreto de sumario. Esta afecta a la investigación judicial, pero no a que el consejero de Interior haga una comparecencia pública para explicar, sin necesidad alguna de dar datos comprometedores, hasta donde llega el fango en su Departamento y qué medidas ha tomado para corregir la situación.

 

La portavoz del Gobierno autonómico, Idoia Mendia, afirmaba ayer que «los hechos, de probarse,    son repugnantes». Nuevamente hay que recordar que es cierto que todos los imputados en el caso son inocentes mientras una sentencia firme no diga lo contrario, pero también lo es que el Ejecutivo autonómico tiene que tener ya datos de dónde está situada, más o menos, esa cota de repugnancia.

 

Si estamos ante un caso muy limitado, casi anecdótico, sería conveniente que nadie se escudara en el secreto de sumario mientras va por los medios esparciendo acusaciones de enorme gravedad sobre el rival político. Por contra, si la cuestión es tan grave como cabe suponer, no sería democráticamente aceptable que se tratara de ocultar con la dudosa excusa de preservar el «bien superior» del buen nombre de la Unidad Antiterrorista. Y lo que agotaría calificativos sería que se estuviera parando ahora el escándalo, para hacerlo explotar a la vuelta de agosto, cuando puede resultar más rentable.