Mañana, a las 18.00, frente al Teatro Arriaga de Bilbo, la plataforma Eskuz Esku -integrada por 22 organizaciones sociales de la CAV-, la fundación Ezker Gogoa y los 23 trabajadores de Heldu se concentrarán para denunciar el recorte de derechos de Lakua hacia las personas migrantes, que estiman que se ha materializado con el cierre ayer a las 15.00 de este servicio público.

En sus ocho años de vida, Heldu ha tramitado unos 34.000 expedientes y, según las estimaciones de quienes trabajaban allí, alrededor de 1.600 se han quedado abiertos en Araba y Gipuzkoa respectivamente, «y el doble o el triple en Bizkaia». «Creará -alertaron- caos y mayor indefensión a las personas migrantes, menos regularizaciones, más inestabilidad psicoafectiva y un importante retroceso en todos los trámites de permisos».

Los impulsores de la protesta manifestaron que en vez de fortalecer, ampliar y potenciar servicios para mejorar la integración, el Gobierno de Patxi López opta por «recortar aparentemente para `organizar y agilizar servicios'». Para estos colectivos no es nada nuevo, a la vista de la reducción de las subvenciones que ha afectado a asociaciones de inmigrantes y al decreto de la prestación complementaria de vivienda «que expulsa del sistema de protección a muchas personas inmigrantes».

Incidieron en que la clausura de Heldu, y no transformación como defendió la consejera Zabaleta, son apostar por «medidas que no construyen ciudadanía y sí vulneran derechos fundamentales a millones de personas».

Los trabajadores, por su parte, criticaron que las medidas adoptadas por Lakua para atender la demanda que atendía Heldu es «una línea de teléfono gratuita y una cuenta de correo electrónico». Por ello, afirmaron que no se pueda hablar de reconversión, sino de degradación y desaparición de la asistencia jurídica.

Entre las voces críticas con la decisión del Gobierno de Gasteiz se encuentra la del presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, que ha expresado su preocupación por el cierre. Ayer, el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, también reiteró sus críticas, al entender que el servició recaerá ahora en los ayuntamientos.