En la fase de Avance del PGOU de Donostia criticamos los criterios y objetivos que perseguía el documento (PG) porque se separaban totalmente de las necesidades de la ciudad. De una definición de principios teóricos compartibles, se pasaba a una fase propositiva altamente contradictoria en la práctica, mostrando un claro divorcio entre los criterios y las propuestas.

Se planteaba como prioridad ocupar la malla urbana como garantía de tender hacia el desarrollo sostenible y, a continuación, se centraban las tres propuestas que absorbían más de la mitad de las nuevas viviendas de toda la ciudad en suelos totalmente rurales, alejados del suelo urbano (Auditz-Akular, Antondegi y Zubieta).

Se defendía la mixtura de usos del suelo (residencial, industrial, equipamientos, zonas verdes...) como método de reequilibrio, y se pasaba inmediatamente a la recalificación sistemática del suelo industrial para uso residencial.

En cuanto a los espacios libres y equipamientos, el Plan tenía una falta casi absoluta de diagnóstico, haciendo imposible la identificación de las carencias y necesidades y, en consecuencia, el poder realizar un planteamiento serio. Además, el ratio para los espacios libres del Plan (6'54 metros cuadrados/habitante) no se alejaba del mínimo que fijó la legislación hace más de treinta años (5 m.c./ hab.).

Se predicaba la sostenibilidad en cuanto al suelo rural, medio natural y usos agrícolas, mientras, en sólo tres operaciones de vivienda -los ya mencionados Auditz-Akular, Antondegi y Zubieta-, se recalifican y destruyen más de trescientas hectáreas de suelo rural. A ello se unía una falta total de objetivos respecto del sector primario y una ignorancia buscada respecto de las consecuencias que debieran conllevar los datos sobre huella ecológica de la ciudad, etcétera. En definitiva, el medio físico real existente y a preservar era un obstáculo a vencer y no suponía un condicionante real de las propuestas.

Con todo ello, el Ayuntamiento procedió a la confirmación de los criterios del Plan sin tan siquiera haber contestado las sugerencias al Avance, tal y como lo denunció públicamente la iniciativa Asamblea de Alegantes en febrero de 2006.

Continuando con el proceso, ya en 2008, el Ayuntamiento redactó y aprobó inicialmente un documento de Plan General. Su base fáctica y diagnóstico no respondían a los aspectos de contexto económico global, situación de empleo, disponibilidad económica de la población... puesto que la situación económico-social desde el 2004 había dado un giro brutal. Todo ello fruto de una crisis cuyo fin ni se sabe cuándo llegará ni en qué condiciones se dará. Es decir, este plan responde a una coyuntura que no es la actual.

Transcurridos cuatro años desde la redacción del Avance, mantenía inamovibles sus planteamientos y sus propuestas de mayor envergadura se hallaban ya esbozadas para cuando se redactó el Avance (las han ido empujando descaradamente vía Modificación Puntual del anterior PGOU de 1995).

Todo lo cual hace que este PG sea un documento inválido para el futuro desarrollo equilibrado de Donostia. Respondería en todo caso a una realidad pasada, por lo que no tiene solidez como conjunto de propuestas factibles.

En relación a la vivienda, en el Plan se renunciaba a gestionar la cuestión de la vivienda vacía, se ignoraba el aumento progresivo del parque edificado en venta y se desdeñaban datos como el de la renuncia de más del 50% de los adjudicatarios de vivienda de VPO. 49 ámbitos se destinaban en su integridad a vivienda libre (incumplimiento flagrante de la legislación autonómica al respecto), en cuatro barrios de la ciudad no se contemplaba ninguna VPO, pero sí 903 viviendas libres, y había más de 600 viviendas que en uno u otro momento habían de ser derribadas. Además, en 2006 se publicó el escandaloso dato de que Donostia tenía un parque de 81.465 viviendas de las que sólo el 6'83% estaba sometido a algún régimen de protección oficial.

En una palabra, que el documento denotaba tibieza y falta de valentía y honestidad a la hora de reequilibrar el parque de vivienda y alterar viejas inercias. Hasta el punto de que incumplía los mínimos legales de vivienda protegida, reincidía en la segregación social separando la ciudad de los ricos de la de los pobres y que, en definitiva, era continuista para una ciudad que, recordémoslo, tiene la vivienda más cara de Europa.

Ahora, en la última fase, para el otorgamiento de la aprobación definitiva, el Ayuntamiento ha redactado un texto refundido que incorpora fraudulentas novedades lejos de la práctica y de la función que a este trámite atribuye la legislación urbanística. Sin apoyatura legal se proponen, a través de la figura de «reajustes, adaptaciones, correcciones y/o aclaraciones», 484 viviendas más que afectan a cinco ámbitos.

Además, es muy criticable el informe de sostenibilidad que pretende justificar las operaciones propuestas cuando, en el mismo, reconocen una y otra vez que «se carece de datos para valorar los verdaderos impactos en materias tan relevantes como los riesgos de inundabilidad, los riesgos en materia de movilidad, los efectos del ruido, los balances de residuos de tierras y la afección a determinados arroyos, además de la contaminación atmosférica en el caso de Zubieta».

Paralelamente a la estrategia de vender la aprobación del futuro Plan General como un logro justo a final de legislatura, el equipo de gobierno se lanza a una política de gestión de ámbitos cuyo diseño y planteamiento responde a la época de las vacas gordas, profundamente alejada de la coyuntura actual.

Es evidente que la política urbanística requiere una reflexión profunda y una perspectiva radicalmente distinta.