Torturaren Aurkako Taldea (TAT) compareció ayer en un céntrico hotel de Bilbo para dar a conocer su valoración respecto a las denuncias de torturas presentadas por cuatro de las personas detenidas por la Ertzaintza en enero en Ondarroa, Gizaburuaga y Aulesti, en especial sobre el caso de Urtza Alkorta Arrizabalaga. Ane Ituiño, abogada y portavoz del organismo, volvió a repetir lo manifestado por los propios arrestados, sus familias y sus letrados: «Que estas personas sufrieron torturas, malos tratos y tratos crueles» a manos de la Policía a las órdenes de Rodolfo Ares.

Ituiño insistió en que su acusación se fundamenta en las propias diligencias policiales, los partes forenses y las respuestas dadas por la Ertzaintza a las solicitudes de información por parte del Ararteko y un juzgado de Durango. En este último caso, recordó la letrada, se respondió a la jueza que no existían grabaciones videográficas de los interrogatorios a Alkorta. Al Ararteko se le contestó que no se le podían aportar por haberse abierto diligencias judiciales y que estaban siendo empleadas en ellas.

La representante del organismo que lucha contra la práctica de la tortura incidió que ese proceder «es muy grave», añadiendo que el Departamento de Interior omite el acuerdo de la Cámara de Gasteiz de diciembre de 2006, que le ordenaba grabar los interrogatorios de los detenidos bajo el régimen de incomunicación.

«Si lo que quiere es que dejemos de hacer público las denuncias de torturas, lo que tendrá que hacer -en referencia al consejero Rodolfo Ares- es acabar con la incomunicación, que es un espacio de impunidad que permite que este tipo de tratos se sigan dando».

Con este mensaje, Ituiño se reafirmó en el proceder del abogado de los detenidos, Alfonso Zenon, que llevó a Ares a presentar una querella por «un delito de calumnias» contra el letrado muskiztarra. Entonces, el consejero aseguró que «las declaraciones se realizaron con asistencia letrada y fueron grabadas en vídeo»; hace un mes, el Ararteko le acusó de obstruir la investigación por no aportar las supuestas pruebas videográficas que decían poseer.

Ituiño señaló que debe atender de una vez por todas las demandas de instancias internacionales. Criticó, además, que la Ertzaintza no cumpliera la petición del forense para que Alkorta fuese atendida hasta después de la declaración policial.