Peticiones de 7 y 9 años de cárcel por querer participar en las elecciones
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicita entre 7 y 9 años de cárcel para los 13 vascos imputados por Baltasar Garzón por querer participar en las pasadas elecciones autonómicas, en las que fue vetado de nuevo el concurso de la izquierda abertzale. Se trata de las 13 personas encausadas en los sumarios de D3M -Demokrazia Hiru Milioi- y Askatasuna; a 4 de ellos los acusa de «colaboración», mientras que a los 9 restantes de «pertenencia a ETA».
GARA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional fijó ayer en su escrito de conclusiones la petición de cárcel de entre 7 y 9 años para los 13 ciudadanos vascos que se encuentran imputados en el sumario instruido por Baltasar Garzón contra la plataforma electoral D3M y la formación política Askatasuna, que fueron colocados fuera de la legalidad española, tanto por la Sala Especial del Supremo español como por el Tribunal Constitucional, semanas antes de que se llevarán a cabo las elecciones autonómicas de 2009 que, excluyendo a la izquierda abertzale, aupó a la Lehendakaritza al PSE con Patxi López.
En su escrito de conclusiones provisionales, según informó ayer la agencia Efe, el fiscal Vicente González Mota acusa a Amparo Lasheras, Arantza Urkaregi, Eli Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrozua de un supuesto delito de «integración en banda terrorista». Mientras, al presidente del partido político Askatasuna, José Antonio Munduate, a su secretario, Xabier Isasa, al representante legal de D3M en la Junta Electoral de Araba, Fernando Antia, y a Aitor Liguerzana, la Fiscalía los acusa de «colaboración con ETA», por lo que contra ellos solicita una pena de siete años de prisión. A los nueve restantes, les pide nueve años de cárcel.
Detenidos y encarcelados
La Fiscalía española defiende que tras la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna en 2003 «se desarrolló una estrategia sucesoria de actividades» mediante nuevos partidos o agrupaciones electorales «creados y utilizados con la exclusiva finalidad de eludir con fraude de ley la eficacia de las decisiones judiciales y desarrollar el proyecto terrorista». Utiliza, así, el mismo argumento que han empleado reiteradamente para vetar el concurso electoral de formaciones, plataformas y grupos que podían representar la sensibilidad de la izquierda abertzale o, simplemente, garantizar el concurso de todos los proyectos políticos y realidades políticas de Euskal Herria.
Cabe recordar que el 23 de enero del pasado año, la Policía española llevó a cabo un operativo policial contra la izquierda abertzale, en vísperas de las elecciones de marzo, que se saldó con la detención y encarcelamiento de varias de la personas que ahora se encuentran imputados en el sumario contra D3M.
Ayer, Aralar emitió una nota en la que critica de forma rotunda la peticion de la Fiscalía.
Tres de los 34 jóvenes independentistas que fueron arrestados en el macro-operativo policial ordenado por el juez Grande Marlaska en noviembre del pasado año quedarán hoy en libertad, una vez abonen la fianza económica impuesta por el tribunal especial español, que asciende a los 18.000 euros.
Según informó ayer el movimiento pro amnistía, en concreto se trata del joven de Villabona Mikel Aiestaran, el vecino de Zaldibi Xumai Matxain, y del gasteiztarra Bittor González, a quienes les fue notificada ayer su opción a eludir la prisión, previo pago de los 18.000 euros; gestión que se espera puedan realizar hoy sus allegados y los tres jóvenes se pongan rumbo a Euskal Herria durante la jornada de hoy.
Además de la fianza, la Sección 3ª de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, también les ha impuesto a los tres jóvenes la comparecencia semanal ante el juzgado más cercano a su domicilio. En el escrito, la sala entiende que ya no existe el riesgo de fuga que alegaron para rechazar anteriores peticiones de libertad, y critica además la demora de la investigación del caso contra estos tres y otros 31 jóvenes vascos que fueron detenidos y encarcelados.
Tal y como recordó ayer el movimiento pro amnistía, tras el operativo policial de noviembre bajo el argumento de actuar contra Segi, la gran mayoría denunció haber sufrido malos tratos a manos de la Policía. Este fue el caso tanto de Aiestaran como de González y Matxain.
Además, a raíz de ese operativo, otros jóvenes también han sido arrestados en Lapurdi y en Roma, Italia, donde tres están presos. GARA