Arnaldo Otegi tenía unos 4.600 amigos o seguidores en su página, «y eso les duele». Así lo señalaron los responsables de gestionar el perfil del dirigente de la izquierda abertzale cuando, ayer por la mañana, informaron de que había sido suprimido su cuenta de Facebook. A su juicio, se trata de un caso evidente de «censura».

GARA intentó ponerse en contacto con esta empresa para conocer los motivos de esta decisión, pero resultó totalmente imposible. Facebook no ofrece ni un solo teléfono en el que poder realizar consultas o reclamaciones. Sí existe la posibilidad de establecer contacto a través del correo electrónico, que fue el sistema utilizado por este periódico tras la imposibilidad de hacerlo telefónicamente, pero no hubo respuesta.

Según explicó la experta en informática Iratxe Esnaola, en principio es el propio usuario que creó su perfil quien desactiva o elimina su cuenta, aunque la empresa también puede hacerlo en determinados casos. Las razones más comunes para que Facebook suprima una cuenta se reducen básicamente a tres. Una de ellas es sobrepasar el límite de amigos o seguidores, que está establecido en 5.000. Si se supera esta cifra, ya no se considera usuario, sino grupo (el objetivo de un grupo no es tener amigos, sino que los usuarios apoyen una iniciativa, como por ejemplo "Bat egin"). Otra razón es enviar demasiados anuncios o spam, y el tercer motivo es que lo pida alguien, bien porque el usuario ha fallecido o porque la persona del perfil no es quien dice ser.

En el caso de Arnaldo Otegi, parece evidente que los responsables de Facebook han decidido suprimir su cuenta porque alguien lo ha solicitado, pero es prácticamente imposible conocer quién es ese «alguien» ni los argumentos que ha expuesto. En este sentido, resulta significativa la existencia en Facebook de un grupo denominado Anti Arnaldo Otegi, que se dedica a atacar la ideología de la izquierda abertzale y aplaudir las actuaciones políticas, judiciales y policiales contra el movimiento independentista vasco.

La supresión de la página del dirigente abertzale no es la única. Muchas personas han visto cómo su cuenta ha sido desactivada, en la mayoría de los casos por error, pero también hay precedentes con claras connotaciones ideológicas. De hecho, hay usuarios que han recibido notificaciones de Facebook por introducir un link de GARA en dicha red social, advirtiéndoles de que eliminarían su cuenta si no lo quitaban. Pero luego se ha quedado en una advertencia, porque no lo han quitado y sus cuentas siguen operativas.

«Aunque parezca obvio que la solicitud para suprimir la cuenta de Otegi se ha basado en motivaciones políticas, puede ser suficiente con argumentar que no es él quien alimenta su perfil, ya que está en la cárcel», comentó Iratxe Esnaola.

Facebook también puede borrar parte del contenido de una cuenta si recibe la solicitud del propietario de un copyright o si se infringen los derechos de terceros. En este último caso resulta sumamente complicado establecer los límites, porque un usuario puede incluir en su perfil información de tipo personal, como por ejemplo sus ideas políticas y religiosas.

Políticas de privacidad

Con casi 500 millones de usuarios, Facebook se ha convertido en la mayor red social del mundo. Este sitio web gratuito fue creado para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero en la actualidad está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Cuando una persona decide abrir una cuenta en Facebook, acepta las condiciones de privacidad de la empresa, mediante las que se compromete a asumir una serie de requisitos.

«Estas políticas de privacidad son públicas, pero casi nadie las lee. Se trata de los servicios de esa empresa, y ella determina en qué condiciones los ofrecen. Al final, los responsables de la empresa son quienes deciden qué hacen con la información de los usuarios y cómo la gestionan», advierte Iratxe Esnaola.

De esa forma, si un usuario de Facebook considera que han sido vulnerados sus derechos, prácticamente carece de recursos para reclamarlos, ya que las políticas de privacidad determinan incluso el lugar donde se celebrarían los correspondientes juicios en caso de que hubiera demanda judicial: en California, que es donde tiene su sede social. «Lo tienen todo atado», resume Iratxe Esnaola, tras constatar que no existe ninguna normativa nacional ni internacional que regule la actividad de las redes sociales.