Los especialistas en Derecho Internacional estarán a buen seguro acostumbrados a estos volatines, pero a quienes miramos a la judicatura con cierta lejanía nos asalta la duda.

La Corte de Estrasburgo avaló en toda regla la dinámica de ilegalizaciones con la que el Estado español trata desde hace una década de poner coto al independentismo vasco. Los jueces europeos apuntalaron la práctica de los sucesivos gobiernos españoles para hurtar de voz a los sectores más comprometidos en la creación del estado vasco.

Las sentencias de la Corte europea son orientativas. Sin embargo nadie puede obviar la influencia política de la citada sentencia de Estrasburgo.

Tampoco se pueden ocultar las graves consecuencias de ese veredicto, máxime cuando se celebran hoy juicios contra electos que han puesto en marcha proyectos de colaboración entre municipios vascos y se anuncian nuevos procesos para castigar a ciudadanos que han impulsado candidaturas.

Estrasburgo dio su plácet a la represión de actos políticos que se llevaron a cabo con luz y taquígrafos o, si lo prefieren, con el sello de secretario de ayuntamiento o de notario, sin olvidar la fuerza legítima del sufragio.

La decisión de la Corte europea merece ser combatida, y me cuento entre el amplio espectro ciudadano que aboga por que la audacia política tantas veces demostrada por el independentismo vasco deje más pronto que tarde desfasado el veredicto.

Pero, insisto, como no soy jurista, encuentro una cierta dificultad para encajar ese refrendo de Estrasburgo a la caza de brujas en Euskal Herria con la decisión adoptada ahora por La Corte de La Haya en relación a la independencia de Kosovo.

A los jueces de Estrasburgo les pareció ajustada a derecho -la justicia es cosa bien diferente- la persecución del proyecto político independentista que se sigue en Euskal Herria. Para los magistrados de La Haya, sin embargo, no hay ley que impida a una nación, no ya aspirar a, sino incluso a proclamar unilateralmente su independencia.

No aplaudiré a la Corte de La Haya, porque perdí la cuenta de las veces que enmudeció ese tribunal ante agresiones flagrantes, pongamos desde la guerra de EEUU contra la Nicaragua sandinista. Dicho esto, tomemos nota para seguir, si el pueblo lo decide, su consejo. Antes y ahora es nuestro derecho.