Usted explora el fomento de los estudios sociales de la ciencia.

Mi tesis se basa en el enfoque CTS, es decir, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que busca el entendimiento de la ciencia desde el punto de vista de la sociedad. Con este propósito, desde hace tres décadas se fomentan los estudios sociales de la ciencia. Primero se habló de alfabetización científica, luego de popularización de la ciencia, y hoy en día empieza a despuntar el término apropiación social de la ciencia, con una relación ya más bidireccional entre ciencia y sociedad.

¿Qué persigue esta idea?

Estos enfoques estimulan una concepción de ciencia que se reconozca inserta en un sistema de valores y vinculada a factores políticos, económicos, éticos... y, por tanto, que no cierre sus puertas a otros saberes, ni a la participación de otros públicos y actores a la hora de generar conocimiento, gestionar o divulgar sus productos.

¿Cuál es hoy el estado de ese matrimonio ciencia-sociedad?

Quizás podemos decir que hoy ese matrimonio que siempre estuvo allí, consumándose implícitamente, se muestra y reconoce más explícitamente, lo que no implica que los cónyuges se vinculen bien.

Porque el hecho es que cada vez que se alude a avances científicos o investigación de relevancia -léase células madre, clonación o nanotecnología- se habla de que la ciencia va por delante de la sociedad. ¿Quién decide entonces, hasta qué punto la sociedad actual está madura para esos debates?

Pregunta complicada. Posiblemente lo de que «la ciencia va por delante» aluda a los tiempos de asimilación de los cambios científico-tecnológicos. Antes de que se comprendan, o asimilen o acepten, están allí para desafiarnos por la velocidad y la especialización con la que se producen. Esto implica que puede ser necesaria una cultura científica entendida no sólo como una acumulación de datos científicos, sino como una comprensión del proceso y los factores asociados a las decisiones de ciencia y tecnología o «tecnociencia», es decir, factores políticos, económicos, éticos, etcétera. La paradoja es que esta cultura científica sería necesaria no sólo para el público en general, sino también para la propia comunidad de científicos y tomadores de decisión.

¿Entonces?

Pues como se pregunta el autor francés Lévy-Leblond en su obra ``Ciencia, cultura y público: falsos problemas y cuestiones verdaderas'': «¿Cuál es el peligro mayor ligado a las investigaciones nucleares o genéticas: permitir a los ciudadanos profanos que rechacen los riesgos de las consecuencias sociales, culturales y económicas de estas investigaciones sin que tengan una idea clara de sus fundamentos científicos?, ¿o bien dejar a los científicos proseguir con estas investigaciones sin que tengan una idea clara de sus consecuencias?».

¿Hasta qué punto a la sociedad se le permite, o debe permitir, participar de manera activa en esos debates?

Si se sostiene, como ha sido tradicional, que para participar es necesaria una fuerte cultura científica que la legitime, difícilmente se justifica una participación pública en cuestiones de biotecnología. En cambio, si se acepta que durante el propio involucramiento, o participación, se puede generar conocimiento y propiciar el aprendizaje social, caminaríamos hacia procesos más completos, más deliberativos.

En su tesis, usted habla de que la palabra participación ha sido vaciada de contenido...

Por la utilización masiva del concepto. Muchas veces la sola mención de la palabra participación se utiliza como legitimadora de un proceso. En la literatura, incluso las definiciones más laxas de participación permiten que quepan procesos y mecanismos que van desde la difusión de una temática a la consulta esporádica al público. Los mecanismos como las audiencias públicas son criticados en ese sentido como formas de participación que sólo intentan dar legitimidad pública a la decisión ya tomada.

Usted pone como ejemplo de buena praxis el debate en Uruguay sobre la energía nuclear.

En este momento se estudia a nivel técnico-político la posibilidad de la utilización de energía nucleoeléctrica, que hasta el momento no existe en el país. Además de crearse una comisión multipartidaria, un grupo de la Facultad de Ciencias de mi Universidad, con apoyo del Programa de Comprensión Pública de Problemas de Interés General, estamos desarrollando un mecanismo de participación pública en ciencia y tecnología conocido como Jurado Ciudadano o Conferencia de Consenso.

¿Y cuál es su papel?

Se trata de un tribunal de 15 personas no expertas ni implicadas en la temática de la energía nuclear, seleccionadas de un total de 150 aspirantes interesados en participar, que han comenzado un proceso de información, estudio e investigación sobre la temática y sus argumentos. En octubre se realizará una instancia de «juicio» abierta al público en la que este tribunal citará a expertos, científicos, políticos y distintos implicados a contestar sus preguntas y desarrollar sus argumentos. Durará dos días y culminará con una conferencia de prensa y entrega de una serie de conclusiones y recomendaciones para el proceso de toma de decisión.

Un modelo tomado de un ejemplo a seguir, dice usted, como es Dinamarca.

Allí, justamente, es donde se ha desarrollado e instrumentado este mecanismo de Conferencia de Consenso. Cada vez que el Parlamento tiene que tratar un tema controvertido vinculado a la ciencia y la tecnología, un organismo asesor, el Comité Danés para la Tecnología, convoca a un panel ciudadano para que lo trate. Sus recomendaciones, generalmente, son vinculantes.