El 29 de setiembre de 2006 entró en vigor el Código Técnico de la Edificación, que establece la obligatoriedad de implantar sistemas de agua caliente (ACS) con energía solar en todas las nuevas edificaciones. En Gasteiz, por ejemplo, cuando las constructoras presentan sus proyectos a la mesa del Consejo Ensanche 21, para la edificación de viviendas protegidas, ya incorporan los paneles térmicos de bajo consumo para producir ACS. Más tarde se acogen a las subvenciones del Ente Vasco de la Energía (EVE) para su instalación. Unas ayudas que en su fundamento van dirigidas a particulares y comunidades de vecinos. Sin embargo, cuando las comunidades de vecinos acuden al EVE a solicitar las subvenciones, se encuentran con que las ayudas ya han sido otorgadas a las constructoras.

El mantenimiento de los paneles térmicos, por tanto, se ha convertido en una carga para muchos vecinos de las VPO. A día de hoy, un numeroso grupo de residentes ha acudido a la agrupación de asociaciones vecinales Vecinos de Gasteiz para hacerles llegar su quejas. Ángel Lamelas, en nombre de la agrupación, explica que «una promoción tipo de 100 viviendas gasta unos 4.950 euros» en el mantenimiento de las placas. «A esto hay que añadir otros 850 de control de la legionela, un riesgo añadido a estas instalaciones ya que, si las ACS no son convenientemente diseñadas y mantenidas, pueden convertirse en focos amplificadores de la bacteria», agrega.

¿A quién pertenecen las ayudas?

Según el convenio suscrito por ICAE y el EVE para la entrega de estas subvenciones, las constructoras «incumplen todas las normas», aclara Adolfo Gago, en nombre de Vecinos de Gasteiz. «Se da capacidad a las comunidades de vecinos y se excluye a las empresas con ánimo de lucro», matiza. Dentro de las obligaciones del beneficiario, éste se compromete a mantener la instalación en propiedad y en correcto funcionamiento durante cinco años. Con el dinero de la ayuda, que va desde los 50 euros a los 100.000, se presupone que en cinco años los paneles están amortizados, aunque Vecinos de Gasteiz duda de que a partir de ese tiempo se genere algún beneficio.

«Evidentemente, el funcionamiento nunca está en manos del constructor y, por tanto, ni siquiera se hace cargo del mantenimiento», recuerdan desde la agrupación vecinal.

Insisten en puntualizar que las principales irregularidades «se encuentran en el artículo 6, ya que las constructoras no mantienen durante cinco años la instalación», sino que lo hacen los vecinos «y, por supuesto, no se comunica en el contrato de compraventa la obligación que adquiere el comprador». También es evidente que las constructoras no retienen en propiedad cinco años los edificios ya terminados.

La agrupación Vecinos de Gasteiz se ha hecho eco de la queja de muchos residentes en la capital alavesa y aseguran que «tratarán este tema hasta el final». Hasta la fecha, han entregado un escrito al Síndico (defensor del vecino) y están preprarando otro para el Ararteko. Tampoco descartan la posibilidad de acudir a la Comisión de Vivienda del Parlamento de Gasteiz.

Por otro lado, Vecinos de Gasteiz consideran que la empresa municipal Ensanche 21, «debe preocuparse más por los vecinos que se acogen a una vivienda de protección oficia que por las constructoras que edifican» este tipo de viviendas.

Por su parte, los representantes de las AAVV recomiendan a todas las comunidades de vecinos de la capital alavesa que «miren bien sus condiciones y, si no han recibido la ayuda o si la constructora no se lo comunicó al formalizar los respectivos contratos, reclamen».