El 13 de abril de 2009 el KCK (Confederación Democrática de Kurdistán) decretó un alto el fuego unilateral como paso previo para el comienzo de conversaciones y para explorar nuevas vías en busca de un acuerdo con el Gobierno turco. Y ello a pesar de que la actitud del Ejecutivo de Ankara se mostraba cuando menos «confusa».

Si por un lado el Gobierno del AKP anunciaba a bombo y platillo en aquellas fechas la puesta en marcha de la «iniciativa democrática», previamente se había reunido con EEUU e Irak para fortalecer un plan «contra el PKK» que llevase la implicación de esos tres estados. No obstante, el líder kurdo Abdullah Öcalan preparaba al mismo tiempo una hoja de ruta con el ánimo de ayudar en la búsqueda de una solución democrática y pacífica al conflicto.

Durante quince meses las organizaciones kurdas han mantenido el alto el fuego unilateral, grupos de militantes desarmados han entrado en Turquía públicamente, y los esfuerzos de los representantes kurdos en la búsqueda de esa solución han sido constantes. Sin embargo, desde Turquía no se ha correspondido a esos movimientos, al contrario, la situación se ha ido deteriorando.

El Gobierno turco ha venido prometiendo reformas, no muy profundas, pero las dificultades internas que se han encontrado los dirigentes del AKP han acabado con toda esperanza. Por un lado, encontramos que los análisis en clave electoral que habían mantenido algunos dirigentes del AKP, pretendiendo desbancar a los candidatos kurdos (el AKP, en alguna ocasión, ha obtenido resultados electorales aceptables en el norte de Kurdistán) han chocado con la realidad de una población que sigue apoyando mayoritariamente a las fuerzas kurdas.

El AKP ha tenido que hacer frente a las presiones de medios, de la oposición, de los militares..., en definitiva las fuerzas del statu quo. Desde el principio, la oposición ha utilizado el proceso para desgastar al AKP, y los medios de comunicación no han cesado de acentuar, sobre todo las últimas semanas, los aspectos más cruentos del conflicto (se han repetido las imágenes en televisión y prensa de los féretros de soldados turcos muertos). Y todo ello mientras los militares buscan recuperar su protagonismo y su papel de «garantes del Estado turco».

Ante esa situación, el AKP ha cambiado de posición. Su propuesta se ha ido diluyendo y ha adoptado las posturas que siempre han mantenido las fuerzas más reaccionarias hacia el pueblo kurdo. En estos meses se ha disuelto un partido parlamentario kurdo, el DTP; se ha encarcelado a sus dirigentes y a cargos públicos; se han intensificado las medidas represivas contra los prisioneros políticos (un claro ejemplo es el endurecimientos de las condiciones de Öcalan en prisión); más de 3.000 menores kurdos han sido llevados ante los tribunales; se ha vuelto a la destrucción de pueblos kurdos; medios kurdos han sido cerrados; desplazados, violaciones, desaparecidos, bombardeos indiscriminados...

Todos esto muestra que Turquía ha vuelto a las técnicas más belicistas, y que tal vez el Ejército turco esté recuperando su papel en ese país. Algunos observadores señalan, además, que el lenguaje del propio Erdogan se parece cada día más al de los sectores más reaccionarios (amenazando con «ahogar a los insurgentes kurdos en su propia sangre»), dando a entender que el Ejecutivo turco estaría cerrando todas las puertas a la negociación y a la participación política kurda.

La arena internacional también ha reaccionado ante los movimientos de los kurdos, y buena parte de la mal llamada comunidad internacional no ha dudado en situarse al lado de Turquía y contra las aspiraciones kurdas. Mientras Ankara cierra nuevas alianzas con Siria e Irán para continuar con la represión del pueblo kurdo, Washington y Londres priorizan su política en Irak por encima de soluciones en el caso kurdo, y la UE declara organización «terrorista» al PKK y persigue a los kurdos en sus estados miembro.

Ante este panorama, no ha debido sorprender el anuncio de Öcalan (31 de mayo) manifestando que se retira del proceso de paz, y el comunicado del KCK, declarando el fin del alto el fuego unilateral (1 de junio).

En los últimos 18 años, el PKK ha declarado seis alto el fuego unilaterales, sin obtener respuesta por parte de Ankara. Todos los intentos kurdos para resolver el conflicto a través de un diálogo político han recibido como respuesta el incremento de la represión.

A pesar de todo lo anterior, el pueblo kurdo no ha perdido la esperanza de alcanzar la libertad y la democracia. Frente a la apuesta turca, que parece buscar una guerra abierta, el Partido de la Paz y la Democracia (BDP), sucesor del ilegalizado DTP, ha vuelto a manifestar su compromiso para que la cuestión kurda sea resuelta a través del diálogo. Así, mientras el régimen turco muestra su rostro más belicista, el BDP resalta la necesidad de resolver el déficit democrático y el cambio del sistema legal sobre el que se sustenta el Estado turco.

Para ello es necesario adoptar una «democracia multicultural que incluya una búsqueda de la paz», y la población turca deberá comprender que «este proyecto que defendemos está basado en la resolución del conflicto», que ya ha costado la vida a más 40.000 personas en las tres últimas décadas.

La experiencia del pasado deberá hacer comprender a Ankara que las recetas viejas no han servido para acabar con las demandas de paz del pueblo kurdo, y que el único resultado ha sido la muerte y la destrucción. Sólo a través de un acuerdo será posible encauzar el proceso de paz. Si la mayoría de los analistas señala un «verano caliente», donde el enfrentamiento armado puede subir enteros, todas las partes son conscientes de que acabarán sentándose en una mesa para abordar la resolución del conflicto.

El Estado turco ha mostrado que prefiere de momento el enfrentamiento armado, consciente tal vez de que las vías políticas las tiene ganadas el pueblo kurdo. Pero si Turquía aspira a ser reconocida internacionalmente bajo el «label democrático» deberá finalmente dar pasos hacia esa resolución dialogada y deberá respetar la voluntad democrática del pueblo kurdo.