EL Gobierno español mostró a comienzos de año sus cartas sobre el futuro de las pensiones. Pretendía elevar la edad de la jubilación desde los 65 a los 67 años y, además, modificará diferentes aspectos para calcular la cuantía de la pensión, por lo que, al final, cada uno tendrá menos dinero en su paga mensual, a pesar de haber estado cotizando entre 35 y 40 años a la Seguridad Social. Como en las anteriores reformas, en ésta se producirán recortes que afectarán de forma directa, sobre todo, a aquellos trabajadores que más tiempo han estado cotizando y que disponen de salarios más bajos.

Las respuestas a esta reforma tendrían que llegar desde diversos interrogantes: ¿Es necesaria? ¿El sistema público de Seguridad Social tiene futuro? ¿A quién beneficia? ¿Hego Euskal Herria puede aplicar otras alternativas a las que fija el Estado español?

No habría necesidad de llevar adelante una reforma de las pensiones si los poderes públicos no hubiesen cedido a la presión de la élite económica y el sistema financiero. Porque el sistema público de pensiones es el que garantiza a todos, sobre todo a quienes menos tienen, disponer de una pensión una vez que deje su vida laboral activa. El Gobierno español, el Gobierno francés y la Comisión Europea han generado, de nuevo, una alarma social cuestionando el futuro de las pensiones porque han cedido al poder capitalista. Los beneficiarios de esta situación se encuentran en el sistema financiero, que se nutrirá de fondos económicos de quienes más tienen con la excusa de que así podrán disponer de una pensión digna cuando se jubilen, el resto deberá vivir con una creciente miseria.

Mikel Noval, de ELA, y Txomin Lorca, de LAB, analizan, por separado, los pasos que se están dando en esta dirección, pero ambos coinciden en que para que el sistema público se mantenga «sólo hace falta voluntad política» que, por otro lado, es la que falta entre los diferentes gobiernos, desde el español y francés al europeo y los autonómicos. Es necesaria «la movilización social para hacer cambiar esos planteamientos y, sobre todo, para conseguir que desde Hego Euskal Herria se pueda aplicar una transformación social para lograr pensiones que no estén por debajo del umbral de la pobreza y que el sistema público sea la garantía futura», precisa Txomin Lorca.

El representante de LAB afirma que el debate sobre el futuro de las pensiones «es una gran mentira» y el de ELA añade que «los parámetros en que se basan las apuestas que hacen los teóricos son fallidas, antes lo fueron y, por lo tanto, ahora también. Nos dijeron que en 2010 la Seguridad Social quebraría porque el sistema de pensiones sería insostenible y resulta que hay superávit y el fondo de reserva crece». En este caso, Txomin Lorca destaca que el sistema capitalista «no es realista. Un ejemplo claro se encuentra en la crisis económica que sufrimos, porque han fallado los cimientos del neoliberalismo».

Lo que tienen claro ELA y LAB es que en este debate sobre el futuro de las pensiones «no se tienen en cuenta los incrementos de productividad» y avisan de que los gobiernos y las élites económicas fijan el mismo sobre los pensionistas, que cada vez son más, pero «no atienden a la otra parte de la balanza: el empleo. La precariedad laboral y la entrada cada vez más tardía de los jóvenes a un empleo estable, a consecuencia de la primera, es lo que está generando ese desequilibrio en el debate. Se hace de forma interesada», afirma Lorca. En este sentido, aporta el dato de que el 50% de la población ocupada recibe salarios por debajo de los 1.100 euros mensuales, por lo que «su nivel de cotización será bajo y, por lo tanto, estará sentenciado a tener una pensión baja, como ya ocurre en la actualidad»

Para ELA, está claro que hay recursos económicos para sostener el sistema de pensiones públicas y con cantidades dignas. Mikel Noval entiende que las pensiones actuales «no permiten vivir con dignidad», por lo que indica que se debe cambiar. Explica que entre 1995 y 2008 en Hego Euskal Herria el gasto de pensiones ha pasado del 8% al 8,4% del PIB, mientras que los cálculos que se están produciendo sobre el coste que tendría en el año 2050 ó 2060 muestran que llegaría al 14% del PIB. El representante de ELA sostiene que «eso no es un problema», porque «lo que se debe aumentar es el número de trabajadores que contribuyan. Ése es el esfuerzo que se debe realizar. Quienes nos venden sus previsiones poco acertadas, no se fijan en eso».

Txomin Lorca asegura en este caso que la creación de empleo de calidad garantizaría las cotizaciones y, por lo tanto, las pensiones. El representante de LAB cree que sería necesario impulsar los servicios sociales de carácter público «porque está demostrado que por cada empleo que se crea en la construcción de infraestructuras en los servicios públicos se crean dos y medio». Ésa es una de las prioridades que debería estar encima de la mesa, como explican ambos sindicalistas, porque la disculpa de que se eleva la edad de vida de las personas debería de ser «algo positivo de una sociedad avanzada», pero se ha convertido «en una losa» porque la preocupación de los gobiernos no se sitúa en el punto correcto: la creación de empleo estable y seguro para garantizar las pensiones. Lo lógico sería, por otro lado, trabajar menos años y disponer de recursos que aportasen calidad de vida. «La base fundamental se encuentra en que se debería garantizar el sistema público. Pero pagamos una cotización para tener una pensión. Es por la vía contributiva, pero lo lógico sería que las pensiones se garantizasen desde el sistema público, más seguro que el privado, que en los años de crisis ha perdido», precisa Lorca. Para Noval «un sistema público de reparto garantiza unas prestaciones. La vía privada es excluyente, porque quienes menos recursos tienen no pueden aportar y se quedan fuera del sistema. Esa vía sólo es rentable para quienes tienen muchos ingresos y para quienes obtienen rentabilidad por poner en circulación en el mercado financiero esos recursos: el sistema financiero privado».

Txomin Lorca y Mikel Noval coinciden en explicar que el problema de las pensiones no es de ámbito económico, sino de voluntad política. «Si el 10% de los recursos que se entregan del sector público a los bancos se hubieran inyectado en el sistema público de pensiones, éstas estarían garantizadas hasta el año 2060 y más. El problema es que se quiere beneficiar de forma directa a la gran banca para que se haga con ese gran botín».

ELA y LAB plantean dignificar las pensiones, para lo que es necesario «una política fiscal y presupuestaria que lo garantice, y que se termine con el fraude fiscal». En este caso, Mikel Noval recuerda que «en presión fiscal estamos en la cola de la Unión Europea», y Txomin Lorca incide en que «ninguna persona debería vivir con una pensión por debajo del umbral de la pobreza». Coinciden en que hay recursos y en que desde Hego Euskal herria se podría avanzar a un sistema público de pensiones con futuro.