Con la llegada de Patxi López a Ajuria Enea el Ejecutivo autonómico dio comienzo el año pasado a una campaña para retirar las fotografías de presos políticos vascos de las calles a la que el Gobierno de Nafarroa se apuntó de inmediato. Este verano siguen repitiéndose actuaciones policiales similares, pese a que las últimas resoluciones judiciales dejan en entredicho las acusaciones vertidas, según apuntaron ayer los integrantes de la asociación de abogados vascos Eskubideak.

Desde que Rodolfo Ares tomó posesión del cargo de consejero de Interior de Lakua, la Ertzaintza ha irrumpido en numerosos recintos festivos y bares para llevarse consigo retratos de represaliados políticos y ha imputado a cientos de personas por un supuesto delito de «enaltecimiento del terrorismo». Incluso, a comienzos de verano fue presentada una unidad especial de la Ertzaintza para realizar este tipo de actuaciones.

El pasado domingo, por ejemplo, «irrumpió» en un homenaje realizado en la plaza de los Fueros de Gasteiz a los familiares de presos políticos vascos e imputaron a varias personas.

Eskubideak advirtió en la rueda de prensa de que los mandos policiales y la clase política está rayando la «prevaricación» continuando con la «persecución» de la solidaridad hacia los prisioneros políticos vascos.

En la comparecencia realizada en el Colegio de Abogados de Bizkaia, los miembros de Eskubideak colocaron las fotografías de varios colegas de profesión que se encuentran encarcelados en estos momentos, como Iñaki Goioaga, Arantza Zulueta, Joseba Agudo, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Txema Matanzas y Aratz Estonba.

En nombre de todos los abogados que forman parte de la asociación, Ainhoa Baglieto y Atxarte Salvador citaron varios ejemplos en los que imputados por «enaltecimiento del terrorismo» finalmente han sido absueltos. Recordaron el caso de los tres ediles independentistas de Berriozar que fueron encausados tras el txupinazo de fiestas del año pasado y el de la camarera del bar Ezpala de Iruñea, que fue juzgada por no quitar las imágenes de los represaliados tras requerírselo la Policía. Todos ellos han sido absueltos tras ser juzgados en la Audiencia Nacional española.

Cabe recordar que dos peñas sanfermineras también fueron imputadas bajo la misma acusación a raíz de una denuncia apoyada por el Ayuntamiento de Iruñea y el caso fue después archivado.

Obvian «opiniones fundadas»

Los letrados de Eskubideak denunciaron «el uso expansivo, atípico, contra la libertatis y el mal uso» del tipo de «enaltecimiento del terrorismo» previsto y penado en el artículo 578 del Código Penal por parte de los responsables del Gobierno autonómico y navarro, así como de sus mandos policiales.

Baglieto afirmó que durante el año pasado se produjeron «tres hitos jurídicos con una enorme trascendencia en el plano práctico» que, en su opinión, «hacen especialmente grave la persecución que se hace por parte de diferentes policías de un cuerpo social que no ceja en la reivindicación de que su cercanía personal, afectiva, familiar y política con los presos está dentro del ejercicio del derecho de la libre opinión, manifestación y el derecho a la participación en la vida pública».

El primer ejemplo que citó fue la conferencia que el Relator especial de la ONU para los Derechos Humanos y Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin, pronunció en octubre de 2009 en el campus de Leioa de la UPV. Ahí subrayó que tras la exhibición de las fotos de presos «hay una motivación más humana que verdaderamente una incitación a la violencia».

Scheinin señaló también que para considerar «enaltecimiento» las imágenes de presos debe existir el «riesgo» de que la persona que «reciba el mensaje» lo entienda así.

El segundo caso que expuso fue la sentencia del TSJPV de noviembre de 2009, en la que recordaba al Gobierno de Gasteiz que el uso de estas fotografías en una concentración «no puede, por sí misma y, en principio, entenderse como ilegal o que menosprecie a las víctimas del terrorismo». En esta resolución se añadía que para que exista el delito de «enaltecimiento» deberían de producirse expresiones verbales, escritas o portar anagramas.

Por último, mencionaron la sentencia del Tribunal Supremo de 2010 que absolvió a la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, tras ser condenada por la Audiencia Nacional a un año de cárcel y siete de inhabilitación por pedir un aplauso para Mattin Sarasola e Igor Portu. «En esta absolución dispone que la cercanía personal y afectiva no es un delito», recalcaron desde Eskubideak.

Baglieto denunció que «estas fundadas opiniones han sido obviadas por parte de la clase política, de una manera cercana incluso a lo que es delito de prevaricación, y han ahondado en la persecución de personas y manifestaciones en las que se portan fotografías de presos políticos vascos como si fuera una verdadera cruzada contra la libertad de expresión, queriendo hacer desaparecer estas fotografías de personas presas por motivación política, incluso negándoles el carácter de personas con derechos».

«Están aplicando lo descrito en el Plan ZEN: `quien no tiene cara no existe'», afirmó.

Respaldo de cien abogados

En denuncia de esta situación, la asociación de abogados Eskubideak ha elaborado un manifiesto de «índole específicamente jurídico». Según informaron en la rueda de prensa, el documento versa sobre el tipo penal de «enaltecimiento» y ha sido suscrito ya por más de un centenar de abogados. Entre ellos se encuentran profesionales vascos, andaluces y catalanes.

En el manifiesto defienden que «portar fotografías de personas presas, denunciando la vulneración de derechos, es una expresión de cercanía afectiva y personal, y eso no es delito». Desde Eskubideak insistieron en que «la denuncia de vulneración de derechos es algo fundamental que hay que realizar».

Asimismo, censuran el uso del tipo penal de «enaltecimiento del terrorismo para la persecución de ideas, manifestaciones y actos políticos, toda vez que el uso sistemático contra libertatis vulnera la jurisprudencia sobre el derecho de libertad de expresión, de ideas y del derecho a participar en asuntos políticos de los ciudadanos».

Además, también se denuncia «el uso expansivo» de la jurisdicción material de la Audiencia Nacional española, tanto para instrucción como enjuiciamiento de los delitos de «enaltecimiento», ignorando así las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea de «que se reconozca la diferencia entre el delito de terrorismo y las acciones apologéticas».

Por último, critica que las autoridades gubernativas «están vulnerando el derecho de los ciudadanos a un juez natural y convirtiendo lo que es la Audiencia Nacional en un agente político al que acuden las autoridades político-policiales, no tanto para darle cuenta de una posible existencia de un delito, sino para que intervengan como juzgados centrales de instrucción y prohíban actos y recordatorios, así como mensajes políticos que no quieren oír».