La decisión de la jueza federal Susan Bolton de bloquear las partes más controvertidas de la ley SB1070 de Arizona, la legislación que criminaliza la inmigración, representa una victoria para los grupos de inmigrantes que, no obstante, piensan mantener su activismo a favor de una reforma global. Para hoy se habían convocado grandes movilizaciones en todo el estado.

El dictamen de la jueza llegó justo cuando la Policía de Arizona se preparaba para hacer cumplir una ley que hubiera entrado en vigor esta pasada medianoche y que hubiera permitido a las fuerzas del orden detener y deportar a los inmigrantes en situación irregular, y fue recibido con júbilo por la comunidad hispana del estado y de todo EEUU.

El Departamento de Justicia, que presentó una de las siete demandas actuales contra de la ley, consideró que el dictamen de la jueza Bolton para bloquear las partes más polémicas de la medida fue «la decisión correcta».

Sin embargo, el sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, que tiene fama de ser uno de los «más duros de EEUU», señaló que el fallo no frenará sus «operaciones de supresión del crimen» e indicó que «nada ha cambiado en nuestra lucha contra la inmigración ilegal».

Por su parte, la gobernadora republicana Jan Brewer, que promulgó la ley el pasado 23 de abril, dijo que el dictamen «es un pequeño sobresalto en el camino», y anunció que recurrirá el dictamen.

Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados ayer se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.

Ayer, Bolton explicó que tomó la decisión porque bajo la nueva ley «hay una probabilidad sustancial de que los agentes detengan erróneamente a inmigrantes legales» y añadió que «al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga `extraordinaria, inusual y característica' a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer», añadió.

La medida, muy descafeinada, entrará en vigor hoy, como estaba previsto. Pero ya no existe la exigencia de que los agentes de Policía puedan comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones. También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a portar sus documentos que comprueben su estatus legal en Arizona. Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes «sin papeles» pudieran pedir empleo en lugares públicos.