La «reducción del gasto» y la «creación de espacios fuera del ámbito de lo público» son dos objetivos que los diferentes gobiernos están poniendo en marcha en el diseño de las nuevas políticas sanitarias, sin que nos demos cuenta, porque se ha hurtado a la sociedad vasca del oportuno «debate social» en estas «materias altamente sensibles», como explican las representantes de LAB Osasungintza, Begoña Tabera y Mati Iturralde.

Se amortizarán puestos de trabajo; se tendrá que pagar por determinados servicios sanitarios, como se contempla en el copago sanitario del que el PSOE ha hecho bandera en el Estado español y que está extendiendo allí donde gobierna; y se desviará hacia la atención privada sanitaria a aquellos ciudadanos «económicamente productivos».

«Hay que reconocer -dice Iturralde- que el consejero del Gobierno de Lakua, Rafael Bengoa, ha conseguido establecer un discurso bastante ininteligible para el común de los mortales, mientras ha planteado estrategias que en otro momento y en otra situación política hubieran abierto un intenso debate social y político». Para Begoña Tabera, «la estrategia del PSE en materia sanitaria es la misma que la de sus antecesores del PNV Iñaki Azkuna y Gabriel Inclán, y la de sus compañeros del PSOE en el resto del Estado español, pero enmarañada en planes y programas supuestamente innovadores que, si se analizan despacio, son profundamente conservadores».

LAB critica la «falta de discusión» y de claridad, por lo que cree que es necesario que entre los profesionales de la salud y los agentes sociales aporten su opinión «ante los cambios de calado que se perciben en el sistema, no vaya a ser que nos encontremos con hechos consumados como ya está ocurriendo en este momento, sin ninguna voz crítica ni respuesta ciudadana relevante».

Reducción del gasto y de plantillas

Tabera e Iturralde destacan que en el ámbito de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «se aplica una contención y una reducción del gasto sanitario», que tuvo su reflejo en los presupuestos de 2010, pero que se reproducirán en 2011. «Con un presupuesto con crecimiento prácticamente nulo, aún se plantea la necesidad de reducir más gasto para hacer `sostenible' el sistema», dice Iturralde. Esto se traduce en que «más del 40% de las plazas que la Administración pública dependiente del Gobierno de Patxi López reducirá, son de Osakidetza y del Departamento de Sanidad. «Partimos ya -precisó Tabera- de una plantilla ajustada sobre el mínimo de los mínimos». Las representantes de LAB subrayan que «la plantilla de Osakidetza ha ido mermando. Sí, ha habido un aumento, pero el número de trabajadores sobre el total de la población es bajísimo. Estamos en los niveles más bajos de los últimos años, sin duda». Un informe de Eustat sobre las variables extrahospitalarias en la sanidad pública confirma que el personal sanitario ha aumentado un 21,75% desde 1990, pero las consultas lo han hecho a un ritmo del 25,37%, mientras que el gasto por personal sobre el total del gasto representaba el 0,84%. Dieciocho años después se redujo al 0,82%, lo que demuestra un abandono del sistema público.

Según LAB, «el paradigma de sostenibilidad se repite en todas las estrategias planteadas por Bengoa y parte de dos criterios. El primero es que el sistema público no puede ni debe absorber toda la demanda sanitaria creciente de los ciudadanos por lo que se hace necesario reducir las prestaciones de la cartera de servicios públicos existente en la actualidad».

Mati Iturralde añade que «nos dice que existe un abuso y un mal uso de la asistencia sanitaria, por lo que es necesario reorganizar los diferentes niveles del sistema para evitarlo». LAB censura esa interpretación porque sigue las recomendaciones neoliberales del pacto de Lisboa en materia de recortes públicos y adelgazamiento del gasto social. «A pesar de partir de un gasto sanitario en la CAV sobre el PIB muy inferior a la media europea -un 5% del PIB, sólo por encima de Grecia- y de contar con salarios sensiblemente inferiores, se sigue intentando forzar a que los ciudadanos se hagan cargo a nivel individual de una gran parte del gasto que ahora se cubre por el sistema público, mediante el aseguramiento en mutuas sanitarias, engordando así la cuenta de resultados de la asistencia sanitaria privada», precisan las representantes sindicales.

A su juicio, el Gobierno de Patxi López está planteando con estos recortes que «sean los usuarios del sistema público de salud los paganos de un déficit público acumulado por la falta de previsión y control de un fraude fiscal escandaloso y una más que dudosa gestión sanitaria». Por ese motivo, Iturralde y Tabera sostienen que se camina hacia un sistema mixto, de tal forma que la mayoría de la población según envejece «tendrá hospitales de bajo coste» y, en cambio, «durante la edad productiva se dejará la atención en hospitales de agudos de los que es más fácil concertar al final con la sanidad privada». Según los planes de Lakua, dependerá de dónde te encuentres en cada etapa de la vida para recibir una atención u otra. El sector público se quedará con la población más envejecida y con dolencias cronificadas, porque esa atención no resulta rentable a las empresas privadas.

Impuesto sobre la salud

LAB considera que la «sostenibilidad del sistema no puede evaluarse exclusivamente en previsiones presupuestarias y porcentaje de gasto, porque el principal parámetro a tener en cuenta debería de ser el nivel de salud de la población y las necesidades reales de la misma en materia de asistencia sanitaria y de mejora de la calidad de vida». Tabera destaca que esos principios, sin embargo, no se encuentran en la agenda del consejero de Sanidad «porque fija las prioridades en la reducción de la protección de la salud de la población con fondos públicos, incentivando el consumo sanitario privado».

Bajo esos parámetros, aparece la figura del copago, «que es un impuesto aplicado a la enfermedad», de tal manera que la filosofía actual de unos servicios públicos dejarán de existir para que se financien por parte de los afectados. «En el fondo del copago subyace el planteamiento ideológico del abuso en el consumo de asistencia sanitaria por parte de los colectivos más desprotegidos de la población y la necesidad de vaciar y moderar su demanda», por lo que para LAB «supone un nuevo impuesto o tasa aplicado a la enfermedad y a las personas con más necesidad de atención sanitaria». Mati Iturralde explica que «el copago en cualquiera de sus formulaciones supone una barrera al acceso a la atención sanitaria sobre todo en el caso de las personas con rentas más bajas y por lo tanto con más enfermedad».

A juicio de la central sindical, si se implanta este impuesto sobre la salud, «supondrá romper los pilares fundamentales de los sistemas de salud públicos, esto es la equidad y la universalidad, ya que supone una discriminación para las personas con problemas de salud, como son las ancianas, las personas con enfermedades crónicas, las discapacitadas y las emigrantes».

La OMS advierte de que el copago reduce el acceso de las personas a los servicios sanitarios, tanto en los casos en los que no es imprescindible la atención sanitaria como en los que vitalmente es obligatoria. Por tanto, «repercute negativamente en el estado de salud de la población».

Alternativas

LAB cree, en primer lugar, que la disculpa de la falta de recursos económicos para llevar adelante una sanidad pública en sentido amplio es una excusa. «El gasto sanitario en la CAV es del 5% del PIB, mientras que en el Estado francés alcanza el 9%. Por lo tanto se gestiona mal y no se dedica el presupuesto suficiente. Cuando los gobernantes se encuentran con un problema de seguridad de sus cargos públicos, invierten en seguridad. No es un problema de recursos económicos, sino de voluntad política. Por eso, es necesario que se abra un debate social para que cada cuál se posicione de forma nítida, porque nos están tratando de meter de tapadillo este problema», precisa Iturralde.

Por otro lado, recordó que la gestión que durante las décadas anteriores ha realizado el PNV ha «puesto los mecanismos para que en este momento se pueda dar ese paso hacia la privatización sin desequilibros legales». Para LAB, el PNV está «tranquilo» en este debate, porque «siempre ha buscado beneficiar a la sanidad privada, que es la que más está creciendo en nuestro pueblo».

Las dos representantes sindicales afirman con rotundidad que las alternativas «eficaces y eficientes» para mejorar el estado de salud de la población vasca y la calidad del sistema sanitario público «pasan por la financiación presupuestaria suficiente, la reordenación de recursos y la participación de la ciudadanía para marcar las prioridades de salud». Avanzar en esa línea significa para LAB no atender a las reglas de mercado que tratan de imponer quienes gestionan a favor del sector privado. «Un sistema sanitario público supeditado a las reglas del mercado y de la competencia de las multinacionales sanitarias es realmente insostenible y, además, nunca responderá a las necesidad de salud de la población». Por eso, el sistema público de salud y universal es la garantía.

También reclaman a los trabajadores del sector que se mantengan alerta, porque la destrucción de empleo será una realidad.