La puesta en escena del operativo policial desatado en la madrugada del martes en Hernani ha superado luego con creces al alcance real de la operación. Si bien se da por atribuido el atentado mortal contra Joseba Pagazaurtundua de 2003, se advierten ciertas dudas al respecto en iniciativas como la decisión del juez de extraer nuevas muestras de ADN al detenido Gurutz Agirresarobe. Resulta también curioso que varios medios que el primer día dieron por detenido al «asesino» incluyan ahora la coletilla de «presunto», pese a que ha sido enviado a prisión por Grande Marlaska.

En paralelo, queda sin resolverse la autoría de la muerte en Zaragoza de Manuel Giménez Abad, dirigente del PP, que Interior de Lakua esperaba también poder imputar a los detenidos en Hernani.

La dimensión mediática dada a la redada confirma que su desarrollo tiene que ver con las urgencias policiales por resolver la autoría de varios atentados de ETA aún sin esclarecer, en un contexto en el que hay amplias expectativas de un cambio de escenario.

El Departamento de Interior de Lakua intenta, en paralelo, dejar en mal lugar a sus antecesores del PNV. A ello responden expresiones como «la suerte se busca», utilizada por el viceconsejero de Interior, Rafael Iturriaga, en una clara acusación de PSOE y PP contra los jeltzales por supuesta falta de voluntad política para actuar contra ETA.

Además, con la redada se trata de presentar como un gran acierto el refuerzo de la llamada División Antiterrorista, que actualemente contaría con medio millar de policías, así como la colaboración constante con el resto de fuerzas policiales del Estado español.

Todo ello se enmarca en un contexto político que viene marcado por la iniciativa política de la izquierda abertzale, quien continúa dando pasos para el desarrollo de un proceso democrático en Euskal Herria.

Presentado como si se tratara de un nuevo impulso «a la investigación contra ETA», en los últimos días se han publicado distintas informaciones periodísticas que anticipan cuáles son las prioridades de las investigaciones policiales. Se admiten ya las prisas por tratar de esclarecer todos los atentados de ETA que están pendientes.

«El País» citaba ayer los siguientes expedientes prioritarios: el atentado contra la vida de un funcionario de prisiones en octubre de 2000, la muerte del presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez en 2001, el atentado contra dos ertzainas en Beasain en 2001, el atentado contra la vida un guardia civil en Nafarroa en 2002, la muerte de dos policías españoles en 2003, el atentado que quitó la vida en Cantabria a un militar español en 2008 y la bomba-lapa de 2009 que mató a dos guardias civiles en Calviá, Mallorca, así como la muerte del inspector de la Policía española Eduardo Puelles en Arrigorriaga, en junio de ese mismo año.