El 31 de julio el grupo de Eusko Alkartasuna dio un rueda de prensa sobre el yacimiento de Iruña-Veleia ante la cual, como integrante y en nombre de la Plataforma SOS Iruña-Veleia, me veo obligado a responder a algunas de las cuestiones que allí se plasmaron. Son cuatro las afirmaciones que merecen contestarse: la supuesta politización de la cuestión, el dejar trabajar a los investigadores, el uso de excavadoras también por parte de los antiguos responsables y el hecho de poder o no realizarse nuevas analíticas sobre las inscripciones.

Sobre la primera, reiterar que nosotros, como asociación, no representamos a ninguna sensibilidad política y que cada una de las mismas es libre de pensar y manifestar lo que crea conveniente sobre este tema, como ha hecho EA precisamente en la citada rueda de prensa.

En cuanto a dejar trabajar a los investigadores, es justamente lo que llevamos pidiendo desde que nos constituimos como asociación, especialmente en lo referente a las evidencias físicas que presentan los grafitos y que hoy sabemos nos pueden mostrar si se trata de inscripciones antiguas o no, como manifiesta uno de los laboratorios más prestigiosos del mundo -después de visualizar fotos de las evidencias- en un documento que ya se encuentra en manos de la judicatura, del que adjuntamos este extracto:

«Los argumentos intelectuales deben ser sustentados por las evidencias físicas. La evidencia física es, por su propia naturaleza, independiente de cualquier suposición u opinión filológica. Las evidencias físicas tienen la capacidad de mostrar de una forma definitiva si algunas de las inscripciones son falsificaciones recientes, por ejemplo, y añadirán -como muy poco- importantes evidencias que aportarán información significativa respecto a los argumentos intelectuales. Cualquier decisión sobre la proveniencia de los artefactos que no utilice las evidencias físicas de los propios artefactos obtenidas a partir de análisis completos, independientes, concienzudos y detallados, dejaría el debate abierto y las dudas sin resolver».

Sobre las investigaciones arqueológicas actuales en el yacimiento, no tendríamos nada en contra si, primero, se hubiera resuelto el fallo judicial y se hubiera quedado totalmente demostrada la falsedad de las inscripciones, cuestión ésta que está todavía en el aire, puesto que los estudios realizados hasta el momento cuentan con opiniones encontradas y no han acabado de demostrar nada; y, segundo, posteriormente a esta primera cuestión, si se estuvieran realizando convenientemente las excavaciones, cosa que tampoco se cumple, puesto que, como venimos demostrando con fotografías y grabaciones, no se está cumpliendo ni el propio Plan Director en cuanto a profundidades y control, y se está haciendo un uso irresponsable y destructivo a través de maquinaria pesada.

Y aquí enlazo con la tercera de las cuestiones a responder, que es la utilización de este tipo de maquinaria por parte del antiguo equipo, que nunca hizo uso de maquinaria pesada en la forma devastadora que ha usado este equipo. Se usa en circunstancias muy contadas, como cuando se sabe con seguridad que se trata de una zona estéril arqueológicamente hablando, porque se tiene constancia de que hayan sido tierras depositadas o removidas en épocas actuales o porque estudios previos lo estén indicando; justo lo contrario de lo que aquí ocurre. El tiempo utilizado en el llenado de un camión (de cinco a siete minutos), las profundidades arrasadas (hasta metro y medio en algunos puntos) y las superficies afectadas, de muchos metros cuadrados, en zonas de alto potencial arqueológico según sondeos efectuados por los antiguos responsables, hacen completamente inevitable la destrucción de patrimonio común y la aniquilación de estratos históricos sin la preceptiva documentación de material arqueológico válido y de posibles pruebas necesarias para la resolución del caso que nos ocupa. Si están haciendo esto ahora, nos imaginamos qué puede pasar cuando aparezca alguna nueva inscripción polémica, máxime cuando este equipo sí contará con cláusula de confidencialidad.

Se acusa desde Diputación que hay gente que quiere obstaculizar este proceso, cuando lo único que se pretende es salvar al patrimonio histórico de su destrucción. Cuestiones de protocolo parecen haber llevado al juez a que sea la sección química de la Guardia Civil la que analice las piezas, puesto que la misma sección de la UPV no pudo demostrar falsedad. Recordemos que esta suposición viene fundamentada en opiniones interpretativas de la parte filológica y epigráfica de investigadores concretos, entre las que se han detectado ya excesivas debilidades argumentales y errores.

Si hay verdadera intención de conocer la verdad de todo esto, lo correcto en nuestra opinión sería no poner impedimentos a que el laboratorio comentado profundice en análisis que, además, sabemos que podrán llegar más lejos en precisión que los que ya realiza el instituto armado (sobre todo cuando ya hemos manifestado públicamente que estamos dispuestos a sufragar los alrededor de 10.000 euros que cuestan). También deberían permitir la revisión bajo notario y presencia de ambas partes de los escombros hasta ahora acumulados por la nueva excavación.

Lo demás es acrecentar las sospechas de que la verdadera intención es ocultar aquello que pudiera hacer un daño político o de imagen (con lo que lo de la utilización política señalada es aquí donde cobraría verdadero sentido) y evidenciar la incapacidad real de gestionar esta cuestión tan importante para todos. Sería de aplaudir una reorientación hacia la toma de decisiones que lleven a una total aclaración, sin agarrarse a supuestos prestigios o intereses varios, rectificar donde haya que hacerlo y dejar trabajar hasta el último segundo a todo tipo de investigadores sin miedo al resultado que deparen sus trabajos.