La semana pasada el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno navarro, Álvaro Miranda, presentó en el seno del Consejo Económico y Social una primera aproximación a la elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra para 2011 y anunció nuevos recortes presupuestarios como consecuencia del objetivo de estabilidad aprobado por el Gobierno central, que fijó el déficit máximo de las comunidades autónomas en el 1,3% de su PIB regional

Dicho objetivo, que previamente había sido acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha sido plenamente asumido por el Ejecutivo que preside Miguel Sanz.

Conviene aclarar que el CPFF es el órgano de coordinación de la política presupuestaria del Estado y las comunidades autónomas, y entre sus funciones está asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad fijados para las distintas administraciones públicas. Pero la Comunidad Foral de Navarra, en virtud de su régimen foral y el Convenio Económico, tiene la facultad de acordar sus compromisos en materia de estabilidad presupuestaria de forma bilateral con la Administración del Estado.

En la reunión del CES navarro quedaron patentes las críticas sindicales por la reducción presupuestaria anunciada, ya que sin duda tendrá un efecto negativo en el gasto social y además contribuirá a frenar la todavía lenta recuperación económica. Estos dos argumentos son de suficiente peso como para reclamar el abandono de las políticas de disciplina fiscal. No obstante, en nuestro turno de intervención insistimos también en otra serie de consideraciones económicas que a juicio de LAB descalifican la rigurosidad con la que estas políticas están siendo aplicadas en Nafarroa:

Nuestro nivel de endeudamiento relativo (en proporción al PIB) está por debajo de la media autonómica.

En el primer trimestre de 2010 la economía navarra acumuló su tercer crecimiento trimestral consecutivo, mientras que en el Estado se registró el primero desde el inicio de la crisis. Evidentemente todavía persisten los riesgos propios de un entorno general de inestabilidad, pero en todo caso el endeudamiento del Gobierno navarro representa un mal menor, sobre todo a la vista de la recuperación iniciada por la recaudación fiscal de la Hacienda foral.

Y por último, está el diferencial en tasa de paro, que en el Estado español supera el 20% mientras que en Nafarroa ronda el 11%. El elevado nivel de desempleo alcanzado en el Estado español, que vuelve a encabezar el ranking de la UE, se ha convertido en un factor de estancamiento y obstáculo añadido para salir de la crisis; esto no sucede en Nafarroa.

Por todas estas razones consideramos que en Nafarroa existe margen suficiente para recurrir a un mayor nivel de endeudamiento y no sacrificar el gasto social; todo ello sin poner siquiera en peligro lo que desde tesis neoliberales se define como «bases sólidas» para iniciar un nuevo ciclo expansivo.

La respuesta del consejero de Economía y Hacienda fue clara y contundente: Navarra tiene la misma capacidad de endeudamiento que el resto de comunidades autónomas, con la ventaja (sic) de que dispone de un mecanismo bilateral para acordar con el Estado el objetivo de estabilidad.

Para disipar cualquier género de duda al respecto basta con repasar la Ley Orgánica 5/2001, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Esta ley es de aplicación en todas las comunidades autónomas, como se encarga de subrayar el legislador en la propia exposición de motivos, y en su artículo 9 se establece que la autorización del Estado a las CC.AA. para realizar operaciones de crédito y emisión de deuda tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En este punto se remite también al artículo 14.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, donde ya se recogía de forma meridianamente clara que las CC.AA. precisan de la autorización del Estado para emitir deuda o apelar a cualquier otra fórmula de crédito público. Y es aquí donde se invocan además distintos artículos de la Constitución que asignan al Estado la responsabilidad de adoptar aquellas medidas de política económica general dirigidas a conseguir la estabilidad presupuestaria y el «desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español».

Por tanto, pedir a los gobiernos autonómicos de Sanz y López que emitan deuda por encima del límite fijado por el Estado no supone exigirles un acto de autogobierno, sino de desobediencia e insumisión. En definitiva, un brindis al sol. Porque no se trata de la economía, ¡es el marco jurídico-político vigente!