TRAS un amago de desalojo policial
Los nómadas instalados en el estadio de Angelu ganan la batalla judicial
Han sido casi dos semanas de rifirrafes jurídico-administrativos entre los más de 1.200 nómadas instalados en el estadio Giroutte de Angelu y el alcalde de la localidad. Tras ser acusados de «alterar el orden público», el tribunal de Pau rechazó la imputación. El jueves, el tribunal de Baiona daba la razón al primer edil respecto a la «ocupación ilegal». Ayer 150 policías intentaron desalojarlos, pero al final los jueces les han dado hasta el lunes para hacerlo voluntariamente.
Arantxa MANTEROLA | ANGELU
Las 274 caravanas que se instalaron el 1 de agosto en el estadio Girouette de Angelu podrán, finalmente, quedarse en el lugar hasta el lunes a las 9.00. Así lo decidió, ayer a primera hora de la tarde, el tribunal de Baiona, que había sido interpelado mediante un recurso urgente por los representantes de la comunidad nómada.
Estos últimos diez días se ha desarrollado un peculiar toma y daca entre el alcalde socialista de la localidad costera, Jean Espilondo, apoyado por el subprefecto, y la «gente del viaje», denominación administrativa francesa para definir el estatus de las personas itinerantes.
Nada más instalarse, el alcalde instó a los nómadas a desalojar el estadio por «ocupación ilegal» y «alteración del orden público». Ante la negativa a hacerlo, el primer edil angeluarra apeló al subprefecto para que ordenase la expulsión en base al procedimiento legal vigente desde julio de 2.000. Una petición que atendió, por lo que el desalojo parecía inminente.
Pero los nómadas plantaron cara al Ayuntamiento y presentaron un recurso ante el Tribunal Administrativo de Pau, cuyo efecto inmediato fue la suspensión de la expulsión mientras adoptase su decisión.
Para justificar la orden, el subprefecto argumentaba que las condiciones de salubridad eran insuficientes para las 1.000 personas instaladas en el terreno deportivo y que, además, «alteraban el orden público».
Primera orden anulada
Los abogados de la asociación La Vie du Voyage, que representa a estos comerciantes no sedentarios que se han desplazado a la costa labortana para vender sus productos y ropas, explicaron en el recurso que se habían tomado medidas para la recogida de basuras y el vertido de las aguas sucias, y que la conexión a la toma de electricidad general había sido realizada por un agente de la compañía EDF.
La decisión adoptada por el tribunal la semana pasada fue favorable a los nómadas y la orden de expulsión prefectoral quedó anulada de facto.
El alcalde de Angelu, por su parte, acudió al Tribunal de Gran Instancia de Baiona alegando «ocupación ilegal». Esta vez, los jueces le dieron la razón el jueves. Al día siguiente, es decir ayer, el subprefecto, a la cabeza de dos compañías de CRS (unos 130 policías) y un helicóptero de la Gendarmería, se presentaba por la mañana en el estadio con la firme intención de desalojar las caravanas.
Hubo momentos de tensión sobre todo al principio. Un nutrido grupo de nómadas, formado sobre todo por mujeres y niños que portaban una pancarta con el lema «liberté, égalité, fraternité», hizo frente al cordón policial entonando el himno francés, ``La Marsellesa''.
La Policía intentó romper la barrera y algún CRS utilizó, incluso, gas lacrimógeno lo que hizo que los niños se desgajaran del grupo, al que inmediatamente se agregó otro formado por hombres.
Los ánimos se calmaron cuando el tribunal prometió una decisión definitiva para las 16.00 horas, en respuesta a la solicitud que los propios nómadas le habían dirigido, toda vez que el recurso a la decisión del tribunal bayonés realizado por la mañana había sido rechazado.
Las «gentes del viaje» pedían al juez la autorización de prolongar su estancia hasta el domingo, fecha para la que tenían previsto desplazarse a Burdeos. El juez accedió, finalmente, a la solicitud y fijó en las 9.00 horas del próximo lunes el último plazo para que abandonen el campo Girouette, por lo que las fuerzas policiales se retiraron del lugar.
El alcalde de Angelu declaró ayer sentirse «reconfortado» en la posición de «exigencia de cumplimiento de la ley» que ha mantenido, a pesar de que, finalmente, los nómadas han permanecido en el estadio las dos semanas que tenían previsto.
Espilondo valoraba que «la legitimidad de la actuación de la Alcaldía ha sido reconocida por el tribunal» y añadía que, en adelante, «estará en posición de fuerza» si se reproducen casos similares en los próximos años.
Jean Espilondo ambién anunció que exigirá por la vía ejecutiva el pago de 16.000 euros a la comunidad de nómadas en concepto de «derechos de estancia». El primer edil angeluarra manifestó que es la cantidad evaluada para volver a poner en condiciones el estadio y las instalaciones deportivas después del paso de las caravanas.
Se mostró, incluso, comprensivo con la autorización del juez de Baiona para que se queden hasta el lunes: «Considero que la medida adoptada por el juez atempera la situación, sobre todo ante lo que, dado el periodo en que nos encontramos, pudiera haber resultado de un evacuación forzosa».
Y es que, en el caso de haberse producido una expulsión por la fuerza, además del tiempo que hubiera requerido por la dificultad de desalojar tal cantidad de caravanas, habría acarreado grandes problemas en las carreteras de la costa. Los nómadas habían anunciado su intención de bloquear las carreteras del BAB, lo que, ante la afluencia de viajeros y turistas en estas fechas, hubiera generado una situación caótica.
La persona que abrió el paso al terreno deportivo será juzgada en febrero. El alcalde de Angelu presentó denuncia contra él ante el Tribunal de lo Penal por «degradación y destrucción de bienes públicos».
personas aproximadamente están viviendo, desde principios de mes, el estadio Girouette de Angelu, donde han colocado 274 caravanas con sus respectivos vehículos. Han prometido que para el lunes abandonarán el lugar.
Tras ocho tensas horas de espera, un portavoz de los nómadas anunció que el juez les permitía quedarse hasta el lunes, anuncio que fue acogido con gran satisfacción, aunque la alegría no estalló hasta que un portavoz lo confirmase oficialmente.
Los CRS, que hasta entonces estaban repartidos por el campo entre las caravanas tras haber obligado a los nómadas a engancharlas a sus respectivos vehículos, abandonaron el lugar tras este anuncio de la autorización judicial.
Estos enfrentamientos entre Ayuntamientos y nómadas son habituales en la costa labortana casi todos los veranos. Sean nómadas pertenecientes a etnias rom (procedentes habitualmente de Rumanía) o simplemente gitanas, sean comerciantes itinerantes, en los últimos años se han venido repitiendo numerosos episodios de este tipo, aunque ninguno ha tenido el eco judicial del caso de Angelu.
Hasta este año, los nómadas argumentaban que las ciudades donde se instalaban no cumplían la normativa del año 2000 que estipula que las localidades de más de 5.000 habitantes deben disponer de áreas de acogida, con instalaciones apropiadas, para este tipo de viajeros.
Este verano la aglomeración Baiona-Angelu-Biarritz ha preparado en la zona de Saint Bernard, cerca del recinto portuario de Baiona, un campo adecuado, pero no por ello se ha solucionado el problema, puesto que la instalación no es suficiente para acoger al gran número de caravanas que se desplazan.
El caso de Angelu no tiene una ligazón directa con lo que en las últimas semanas está ocurriendo en otros campamentos del Estado francés, aunque su coincidencia con la evacuación de las comunidades rom ha tenido por efecto que diversos medios de comunicación lo hayan incluido dentro de este bloque.
De hecho, los nómadas que pretendían desalojar ayer en Angelu proclaman su ciudadanía francesa. «No somos rom, somos franceses, ciudadanos de este país. Todo esto es política», manifestó Franck Badin, su portavoz en el estadio angeluarra.
En las dos últimas semanas, París está procediendo a la expulsión de diversos campamentos en los que miembros de la comunidad rom, principalmente de Rumanía y Bulgaria, están instalados, en algunos casos desde hace bastante tiempo y en condiciones de gran precariedad.
Estas expulsiones están teniendo lugar después del anuncio de Nicolas Sarkozy, tras los graves incidentes ocurridos en julio en Grenoble, de que desmantelará en un plazo de tres meses la mitad de los 300 «campamentos ilegales».
El subprefecto de Baiona, Laurent Nuñez, que lleva escasos meses en el cargo, es el primero que ha participado directamente en un intento de desalojo. Estuvo a la cabeza de las dos compañías de CRS (policía de asalto) que intervinieron en Angelu.
