Human Right Watch (HRW) ha denunciado que en Argentina la interrupción voluntaria del embarazo se ha convertido en un método de anticoncepción, ya que la tasa de abortos ilegales asciende al 40% de los embarazos , una cifra que no ha variado en los últimos años y que duplica el promedio que se registra en el resto de América Latina, donde los embarazos que terminan en aborto son el 20%.

Marianne Mollmann, directora de abogacía de la división Derechos de las Mujeres de HRW ha visitado Buenos Aires para presentar el informe «Derecho o ficción: La Argentina no rinde sus cuentas en materia de salud reproductiva», que demuestra que «nada cambió» desde 2005, cuando la organización humanitaria hizo una investigación similar, informó Efe.

«Está claro que mientras la población argentina cambia y quiere la despenalización del aborto, el sector político no se quiere comprar el pleito con la Iglesia católica. Lo compraron en el matrimonio homosexual -aprobado en julio pasado-, pero no en éste, que es un tema de vida y muerte», sentenció.

Mollmann denunció que «en 2008 no hubo distribución de métodos anticonceptivos por parte del Gobierno porque los anticonceptivos estuvieron parados en contenedores del puerto por razones burocráticas. Y la reciente polémica respecto de la actualización de la guía es una vergüenza».

Se refirió en estos términos a la reciente polémica motivada por la actualización de una guía del Ministerio de Salud que permite a los médicos interrumpir embarazos producto de violación sin necesidad de intervención judicial, y de la que se desmarcó el ministro de Salud, Juan Manzur.

En Argentina, el aborto está prohibido por ley salvo cuando la vida de la madre corre peligro o el embarazo es consecuencia de una violación o del abuso una mujer discapacitada.

Aplicación arbitraria

«Hay una no aplicación de las leyes en Argentina, que tiene leyes y programas bastante buenos en términos de acceso a anticonceptivos e información y educación sexual. El problema es que no se aplica y, si se aplica, se hace modo arbitrario sin control ni supervisión. Esto impide a la mujer vivir su vida con dignidad», insistió Mollmann.

El informe de HRW advierte de que muchos de los abortos son practicados «de forma insegura», lo que constituye una de las causas principales de mortalidad materna en el país.

Además, las argentinas enfrentan «numerosos obstáculos» para recibir servicios a los que tienen derecho, como procedimientos voluntarios de esterilización, anticoncepción y aborto después de una violación, añade el informe de HRW.

Según el estudio, algunos médicos «se niegan» a practicar abortos que son legales, por lo que muchas pacientes optan por recurrir a interrupciones del embarazo «a menudo sumamente inseguras, practicadas por proveedores no habilitados». «Otras prescinden de cualquier tipo de atención, y algunas incluso pierden la vida», alerta.

«El Ministerio no publica datos que indiquen si alguno de estos casos corresponde a abortos que podrían haber sido practicados legalmente», agrega la investigación, que insta al Gobierno a garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud.

«Nadie lo quiere hacer, porque le van a llamar abortista, porque tienen miedo de lo que dirán, porque (piensan que) hay un juez por allí que luego te saca amparo. No hay una definición legal muy clara y algunos médicos no se la quieren jugar», admitió el consultor del Ministerio argentino de Salud Daniel Lipchak.

Según cifras oficiales, en Argentina se registran anualmente unas 460.000 interrupciones voluntarias. En 2008. más del 20% de las muertes de emergencias obstetricias se debieron a abortos inseguros.